COLOMBIA EN LA OTAN?

COLOMBIA EN LA OTAN?

Miércoles, 26 de junio del 2013 - 18:39 Imprimir Twittear

El anuncio de María Algela Holguin realizado en Montevideo sobre la firma de un acuerdo de cooperación entre Colombia y la OTAN debería generar preocupación en territorio ecuatoriano. Esto, pese a que la Canciller colombiana ha señalado que “no es un acuerdo estratégico, es un acuerdo de cooperación puro y simple, sobre todo en dos aspectos fundamentales”. De una parte, la Alianza Atlántica otorgará capacitación “en tema de derechos humanos y buenas prácticas de las fuerzas militares”, mientras que Colombia compartirá “todo un know how que desafortunadamente tenemos en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado”, señalo la funcionaria colombiana, quien también recalcó que “nosotros ni queremos ni podemos ser miembros” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.[1]

Pero, si se trata de un acuerdo tan “puro y simple” y si, además, no existe la posibilidad de que Colombia ingrese a la OTAN, uno podría preguntarse porque la preocupación? Para encontrar una respuesta, hay que analizar la trayectoria de esta organización cuyo tratado constitutivo se firmo en 1949 en Washington. En efecto, la que se convertiría en la más poderosa alianza militar jamás existente al poseer el mayor arsenal nuclear del planeta, nació en suelo norteamericano. Entre las finalidades de este tratado se señala que las partes “mantendrán y acrecentarán la capacidad individual y colectiva de sus miembros para resistir a un ataque armado”[2], de hecho se deja claramente establecido que “un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas (…)”, con la consiguiente respuesta en ejercicio del “derecho de legítima defensa individual o colectiva” incluso a través de “el empleo de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte ”[3].

Legítima defensa colectiva? En el ámbito penal la legítima defensa es una causa de justificación netamente individual, es decir que favorece únicamente al sujeto que está siendo agredido. Por ello, la legítima defensa colectiva suena más a “guerra preventiva” que a otra cosa y es que en efecto, la OTAN fue partícipe de las tristemente recordadas invasiones a Afganistán (2001) e Irak (2003), justificadas por la existencia de armas de destrucción masiva nunca encontradas, pero que valieron la vida de más de 300.000 civiles inocentes y, más recientemente, la invasión a Libia (2011) que fue el corolario de un despliegue de muerte que se inició en el propio territorio europeo cuando, de forma unilateral y sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, se realizó un bombardeo criminal sobre la extinta Yugoslavia.

Y qué hablar de la zona de seguridad en el Atlántico Norte? Parecería que más bien la OTAN continúa expandiéndose cada vez más, desde el convulsionado Golfo Pérsico hasta a las cálidas tierras colombianas… De hecho la OTAN ha incorporado miembros que solo tienen costas en el mar mediterráneo como Grecia y Turquía e incluso países que ni siquiera tienen mar, como Hungría, Bulgaria, Eslovenia, y Republica Checa y lo que es peor, cada vez son más los estados que conforman esta mortífera alianza como Croacia, Albania, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Alemania y España. Y su ámbito de influencia continua expandiéndose, pues también cuenta con aliados fuera su espacio geopolítico tradicional al haber suscrito acuerdos de cooperación con Egipto, Israel, Mauritania, Marruecos, Túnez, Jordania, Argelia, Catar, Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Oman, Australia, Japón, Korea del Sur y Nueva Zelanda, con lo cual Estados Unidos tiene cercados a China e Irán.[4] Parecería que no hace falta tener costa en el Atlántico Norte para ingresar a esta alianza, aún cuando no sea en calidad de miembro pleno.

Con razón, el ex presidente español José María Aznar señalo que: “la Alianza se ha convertido en una Alianza global en términos de alcance, con operaciones repartidas por todo el mundo. Sin embargo, para ser realmente eficaz, sus acciones deberán basarse en una asociación global. Deberá buscar aliados donde sea necesario, sin limites geográficos”[5].

Sin embargo, no es la “pura y simple” participación colombiana en la OTAN lo único que debe preocupar a Ecuador, pues nuestro vecino del norte está preparando la instalación de una Plataforma Única de Monitoreo y Análisis (PUMA), con la que se pueden interceptar comunicaciones en Internet, tal como denunció diario El Tiempo de Bogotá al señalar que: “A partir del próximo año, en Colombia las autoridades podrán interceptar, en tiempo real y previa orden judicial, lo que se hable, escriba o envíe desde correos electrónicos, Facebook, Twitter, Line, Viber, Skype y, en definitiva, todo tipo de comunicación que se realice a través de Internet”[6].

Ante este escenario se plantean muchas interrogantes respecto a los verdaderos fines que tiene está plataforma, a los límites que tiene frente al derecho a la intimidad y a las consecuencias que ello tendría en territorio ecuatoriano. El general José Roberto León Riaño manifestó que: “Es una plataforma que se está diseñando para enfrentar lo que se viene una vez se firme el proceso de paz, y es el incremento de la criminalidad, como ha sucedido en otros países en donde se ha firmado el fin del conflicto”[7].

No obstante frente a la justificación de usar la tecnología de espionaje como una herramienta ante a una probable escalada de la criminalidad, han surgido voces críticas en defensa del derecho a la libertad de expresión, en razón de uso indiscriminado de estos mecanismos, aún sin mediar una orden judicial. El senador colombiano Camilo Romero del Polo Democrático, manifestó que: “El problema no es que haya interceptaciones a las comunicaciones cuando son por una orden judicial. El problema es que ya sabemos qué pasó en el DAS, donde se chuzó a toda la oposición (…) Hoy las redes sociales permiten fortalecer la nueva expresión ciudadana. Es allí donde en el mundo han comenzado las principales revoluciones de nuestra era, como el movimiento de los indignados, la primavera árabe, las revueltas en Brasil. Lo grave es que quienes pretenden hacer política a través de estas nuevas plataformas de comunicación pueden estar expuestos a los seguimientos de las autoridades del Estado”[8] o a mal utilizar.

Los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad son pilares de un sistema de democrático moderno. Las nuevas tecnologías de la información están revolucionando la forma de hacer política, convirtiendo al ciudadano no solo en un receptor de mensajes prefabricados sino en un actor directo de la generación de conocimiento, democratizando de esta forma la participación a una escala global. Sin embargo, estos avances se ven gravemente amenazados ante el aparecimiento de nuevas tecnologías que cada vez son más capaces de violar todo tipo de comunicaciones y almacenar cada vez más información. El problema surge porque estos mecanismos no conocen fronteras territoriales, con lo cual se ponen el riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos de todo el mundo, tal como lo denunció Edward Snowden quien reveló el masivo sistema de espionaje norteamericano dirigido a interceptar todo tipo de comunicaciones a nivel planetario, amenazando cosustancialmente a la Soberanía de los Estados.

Si al PUMA colombiano le sumamos el “puro y simple” acuerdo de cooperación que permitirá el intercambio de información entre Colombia y la OTAN, podemos afirmar que el Ecuador deberá afrontar grandes desafíos de cara a la protección de la intimidad de sus ciudadanos y el respeto a su libertad de expresión en el siglo XXI así como a su soberanía. La nueva Ley de Comunicación es ya un primer avance para un “nuevo estado de comunicación transnacional” , pero este avance no se dará sin antes librar una “guerra de información global”, como señaló recientemente Julian Assange[9]. El debate está planteado, los ciudadanos tienen la palabra y los políticos la responsabilidad de escucharla.