Esta mañana la Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reunió para conocer las resoluciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL), mediante las cuales se solicita a esta mesa que elabore un informe en el que se determine la identidad de los presuntos responsables de las violaciones de derechos cometidas por la destitución de los magistrados de la Excorte Suprema de Justicia y el Extribunal Constitucional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez.
El 14 de julio de 2015, Diego García, procurador general del Estado, solicitó a la Asamblea Nacional que se determine la identidad de los presuntos responsables de las violaciones de derechos que, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2013, se cometieron en los casos Quintana Coello y otros versus Ecuador (destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia) y Camba Campos y otros versus Ecuador (destitución de magistrados del Tribunal Constitucional); que obliga al Estado ecuatoriano a pagar 12’353.709 millones de dólares, en el primer caso, y 2’222.822 millones de dólares en el segundo, por concepto de reparación y costas, a favor de los demandantes.
De acuerdo al artículo 11, numeral 9, inciso segundo y tercero de la Constitución de la República: “El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas”.
Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, explicó que de acuerdo a los artículos 68 y 69 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, previo a la presentación de la demanda para que se reintegren al Estado los recursos erogados por concepto de reparación, se debe identificar a las personas presuntamente responsables de las violaciones de derechos, aunque ya no trabajen para la institución en la cual cometieron dicha violación.
“En ese contexto –afirmó Andino– el CAL ha resuelto que sea la Comisión de Justicia la que elabore un informe sobre la identidad de los diputados que votaron a favor de dichas destituciones y lo ponga en conocimiento del Pleno en un plazo máximo de 20 días contados a partir del retorno del receso legislativo, que concluye el 3 de septiembre”.
Hasta el momento el Estado ecuatoriano ha desembolsado un total de 12.353.709,39 millones de dólares, de los más de 15 dispuestos por la sentencia de la CIDH, y le resta por pagar 3.496.116,59 hasta el 30 de marzo de 2016.
Como último punto en el orden del día, la Comisión de Justicia recibió a Lorena Bellolio, presidenta de Protección Animal Ecuador (PAE) y Karen Sichel, miembro de dicha organización, quienes expusieron observaciones al Proyecto de Ley Reformatoria al Libro II del Código Civil, presentado por la asambleísta Soledad Buendía, que busca que los animales sean considerados seres dotados de sensibilidad.
En su exposición, Sichel señaló que el artículo del Código Civil que considera a los animales como cosas data de 1860 y por tanto es urgente una reforma que los considere sujetos de derechos u objetos de protección.
Escuche y descargue aquí el audio de la sesión No. 213 de la Comisión de Justicia:
Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
