La Comisión de Justicia y Estructura del Estado se reunió la mañana de ayer y llevó a cabo la Sesión No.186. Uno de los temas a tratar fue relacionado con el Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP) remitido por el Presidente de la República, que se refiere a la inclusión de las infracciones contra la propiedad intelectual y también sobre el Proyecto de Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
En primer lugar, la Mesa de Justicia recibió a José Meythaler, Presidente del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana. Meythaler explicó que la falsificación de marcas en medicamentos ha generado un impacto en la salud pública. El 33% de medicamentos que se venden en el Ecuador del total de la oferta terapéutica nacional, son falsos. Explicó que los agroquímicos también son falsificados, sin embargo, estos no son vendidos en farmacias o lugares comerciales.
No obstante, comentó que la vulneración de los agroquímicos ha hecho que enfermedades, como el cáncer de estómago, tengan incidencia más alta en el Ecuador en relación con otros países.
“En el Ecuador se han detectado no menos de 5 fábricas clandestinas de fármacos, las principales marcas de medicamentos, es decir aquellas que tienen un mejor posicionamiento comercial, son generalmente las más importantes y son marcas objeto de falsificación, en algunos casos de contrabando y en otros de adquisición fraudulenta en ciertos hospitales”.
Meythaler explicó, además, que existe inmerso en la propiedad intelectual un derecho social, el derecho del consumidor a que los productos que le sean ofertados tengan las condiciones de calidad, seguridad y eficacia que dicen tener. En consecuencia dijo que la tipología penal en materia de propiedad intelectual tiene dos grandes beneficiarios: el titular de los derechos de propiedad intelectual y el titular como consumidor del derecho a recibir productos de calidad, seguros y eficaces.
“Despojarle a la sociedad de los tipos penales o incluir o reinsertar esos tipos penales, con penas exclusivamente patrimoniales para estos individuos que lucran de la salud, de la sangre ajena, sería seguirles invitando a que prosigan una actividad infractora”, concluyó Meythaler.
También intervino la Dra. María Fernanda Román, perito calificada en identificación de producto falsificado. Explicó que: “la lucha contra el producto falso, conlleva a analizar una serie de acciones que debe tomar el Estado, inicialmente en la modificación de sus leyes, que permitan tener sanciones eficaces, para combatir este delito, poniendo obstáculos que cumplan un factor disuasivo en contra de esta actividad muy difícil de erradicar. Es necesario crear grupos multisectoriales en donde participe la industria, los comerciantes, las autoridades, para poder trabajar en crear una conciencia real que nos permita la educación desde el periodo escolar, para enseñar que reproducir un producto ajeno, es “robar un trabajo ajeno”.
Finalmente, la Mesa de Justicia recibió en comisión general al Abg. Christian Viteri, Asambleísta por la provincia del Guayas, quien expuso sus observaciones y comentarios varios temas previstos en el Proyecto de COGEP. Entre otras, Viteri hizo observación al artículo 29 donde se establece las partes del proceso, y dijo que debe añadirse un numeral 5 a los 4 existentes en el que diga: “Las comunidades de bienes que por su naturaleza necesiten administrador, como la herencia yacente y la propiedad horizontal”.
También sugirió mantener una norma igual a la que constaba en el artículo 94 del vigente Código de Procedimiento Civil, a efectos de reglar la citación en los casos de la acción de evicción. Por último, explicó que existen casos de litisconsorcio activa y dijo que debería constar la facultativa y pasiva.
La Comisión de Justicia analizará estas observaciones para de ser el caso incluirlas en cualquiera de los dos proyectos de ley.
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Asambleísta por Chimborazo y Presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
