En cumplimiento de la disposición del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión de Soberanía Alimentaria agrupó en un solo texto las cinco propuestas existentes y aprobó el proyecto denominado Ley de Tierras Rurales y de Territorios Ancestrales.
El documento, en la tercera semana de octubre, será sometido a reuniones nacionales y consultas de actores sociales, esto es, pequeños, medianos y grandes agricultores, empresas, así como organizaciones campesinas e indígenas, etc., anunció el legislador Miguel Carvajal, presidente del organismo.
Precisó que las reuniones se cumplirán en Guayaquil, Cuenca, Tena y Quito, luego de lo cual se espera, aproximadamente en la cuarta semana de octubre, hacer una revisión de todas las observaciones y preparar el informe para primer debate, que se presentaría a la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, en la primera quincena de noviembre y posteriormente entraría a conocimiento del Pleno.
En vista que se trata de una Ley de Tierras Rurales y de Territorios Ancestrales, hay algunas normas sobre lo que le corresponde al Estado respecto a los territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales: indígenas, afroecuatorianos y montubias, por lo que le tocaría delimitar y titular. Entonces, esta es una medida que protege derechos y habrá que analizar si corresponde o no la consulta prelegislativa, lo que sería resuelto luego del primer debate, explicó.
Dijo que a partir de hoy se difundirá el documento a las diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, a los pueblos, comunidades y nacionalidades, manteniendo la actitud de transparencia y de apertura al diálogo, que caracterizó la discusión de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, a fin corregir posibles errores y enriquecer la normativa.
Objetivos
Argumentó que la ley protege toda forma de propiedad, pero exige que la propiedad agrícola o que tiene vocación agrícola esté trabajándose, que cumpla, por lo tanto, la función social; exige que la posesión agrícola sea desarrollada con responsabilidad social, caso contrario existen causales de afectación, tal como manda la Constitución.
Lo que se busca es que las propiedades que están en el agro y que tienen vocación agrícola estén activamente vinculadas a la producción, no estén desocupadas, ociosas o no estén generando riqueza. Para el efecto, crea mecanismos como el Fondo de Tierras para que campesinos pobres puedan acceder a la compra de tierras en acuerdos con el Estado y con las tierras públicas producto de afectación, sostuvo.
Enfatizó que también se favorecen acuerdos entre privados, de pronto, con un hacendado que quiere vender su hacienda y entregarla a campesinos, entonces, se determina acceso a créditos para que puedan comprar; se definen mecanismos expeditos en el ámbito administrativo para resolver los conflictos de tierra que, hoy por hoy, es un viacrucis, dijo.
A esta sesión asistió la Asambleísta Rocío Vaca, alterna del Asambleísta Montgomery Sánchez Ordóñez.
Ingeniero Agrónomo, Asambleísta por la Provincia de El Oro, miembro de la Comisión De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial y Vicepresidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político...
