CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL EN ECUADOR
Boletín de Prensa
Ing. Magali Orellana, Coordinadora de la Bancada Progresista de Izquierda Plurinacional de Derechos
La Asambleísta por la provincia de Orellana y Coordinadora de la Bancada Progresista de Izquierda Plurinacional de Derechos Ing. Magali Orellana luego de solidarizarse con el Dr. Carlos Pérez Guartambel, Efraín Arpi y Federico Guzmán por la injusta y extraña sentencia a cumplirse de 8 días de prisión, rechazó la criminalización de la lucha social en el Ecuador.
Extraña e injusta sentencia en tanto inicialmente la fiscalía les acusó de terrorismo y sabotaje, para posteriormente los jueces de la Primer Tribunal de Garantías Penales del Azuay les sentenciaron por interrupción de servicios públicos a una pena de un año de prisión correccional y a la cancelación de $ 44 por daños y perjuicios a los bienes del Estado. Pero, considerando “...que no constituyen peligro para la sociedad y que las motivaciones para su conducta fueron de carácter altruista y social a favor de los pueblos de Tarqui y Victoria del Portete en defensa del agua, que temen sea contaminada por la actividad minera...”; la pena se redujo a ocho días...
En entrevista concedida al diario Hoy del 21 de marzo del 2013, Carlos Pérez indicó que: “...Es la partida de defunción del derecho a la resistencia que consta en el artículo 98 de la Constitución del Ecuador y es la partida de nacimiento de la criminalización de la protesta social...”
La Asambleísta de PACHAKUTIK Magali Orellana, por la provincia de Orellana recordó que el Art 12 de la Constitución de la República del Ecuador es clarísimo al indicar que: “...El derecho al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida...” por el que los dirigentes azuayos defendieron el derecho mencionado el año 2010 y hoy son sancionados penalmente.
La Asambleísta indicó que la sentencia “...es una aberración jurídica...”, puesto que los acusan por terrorismo y sabotaje y los condenan por interrupción de servicios públicos y finalizó solidarizándose con Verónica y Ñusta, las pequeñas hijas de Carlos Pérez, quienes hace pocos meses perdieron a su madre y ahora les toca vivir las consecuencias de una justicia torcida que las deja solas por algunos días. Humanamente, lamentable.
Quito, 20 de Marzo de 2013.
Despacho de la Asambleísta Magali Orellana.
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