La lucha a inicios de la década de los 90, obligó al Estado a asumir responsabilidad frente al problema de la violencia intrafamiliar y de género. En 1994 se inauguran las Comisarías de la Mujer, en 1995 se emitió la Ley 103 que en ese entonces significó un gran logro pues se intentó instaurar una justicia especializada y sentó un precedente importante 18 años después para elaborar el COIP que por primer vez en la historia ecuatoriana tipifica la violencia contra las mujeres como delito y la protección integral dentro del proceso para las víctimas de violencia, la reparación y restitución de sus derechos.
La promulgación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia en 1994. Esta norma constituyó una resistencia sanitaria en Ecuador en tiempos neoliberales, y tuvo como resultado un aumento de las coberturas públicas en salud sexual y reproductiva, instaló veedurías ciudadanas y hoy también es un precedente para la implementación y financiamiento de nuevas y mejores políticas públicas para la salud materna.
La lucha en 1997 fue con el Consejo Nacional de las Mujeres - CONAMU, máximo nivel de la institucionalidad de género en la estructura estatal, con participación de organizaciones de mujeres en su directorio. Hoy gracias a la ley de Consejos para la Igualdad aprobada por la Asamblea Nacional, no solo tenemos el Consejo para la Igualdad de Género, sino para la Igualdad Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y de Movilidad Humana.
Ese mismo año se aprobó la Ley de Amparo Laboral de la Mujer, que establecía la obligación de designar a un mínimo de 20% de mujeres para la integración de las Cortes Superiores de Justicia, Juzgados, Notarías y Registros. Hoy ya no hablamos solo de paridad en los puestos y cargos públicos sino que con la propuesta de Ley de Justicia Laboral que actualmente se debate en la Asamblea, se pretende reconocer el trabajo en el hogar como una labor productiva que debe ser beneficiaria de la seguridad social y de la jubilación.
La aprobación de la Constitución de 1998 tuvo un contenido explícito de promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos de las mujeres, sin embargo en dicho documento aún pesaban más el capital y el bienestar privado por sobre el del ser humano y la naturaleza.
A raíz de los procesos electorales de 2007 y la propuesta de un gobierno socialista, en el debate se presentaron los criterios de paridad, secuencia y alternancia de mujeres y hombres en la conformación de listas electorales. La aplicación de esos principios ha sido progresiva: se partió del de 20% (1997-98), se subió al 30% (2000), y se arribó al 50-50% en 2007.
Una de las propuesta del Plan de Gobierno de Alianza País para “El país que soñamos”, era construir un proyecto político a largo plazo que respete los derechos de las mujeres, en un país donde se practiquen valores fundamentales como la democracia, la solidaridad, la justicia, la ética y en especial la equidad en todos los ámbitos: social, económica, ambiental, étnica, de género, intergeneracional. Sólo a partir de la vigencia efectiva de dichos valores era posible pensar en una Patria digna y soberana, como la que estamos construyendo.
Ya como Presidente, el compañero Rafael Correa conformó su primer gabinete con un número casi equivalente de ministras y ministros, con lo que por primera vez en la historia del Ecuador existió la paridad en cargos de designación al más alto nivel. También nombró a una mujer como Ministra de Defensa, rebatiendo al imaginario militar y ciudadano sobre el ejercicio de autoridad y la defensa nacional. Ambas acciones fueron señales prometedoras para las mujeres, en su afán de acceder a una ciudadanía plena y en equidad y se convirtieron un ejemplo en la región.
En septiembre de 2007, el gobierno expidió el Decreto 620 que declara como política de Estado la erradicación de la violencia de género, buscando generar e implantar acciones y medidas, que incluyen mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional en todos los niveles del Estado y la construcción de una cultura no autoritaria que puede aportar mucho a la revolución ciudadana, incorporando a las mujeres como actoras plenas y libres de violencia”.
Por último, el gobierno ha impulsado programas de emprendimientos productivos de o para las mujeres, y aplicado mecanismos compensatorios del trabajo doméstico y dando un apoyo trascendental a la economía popular y solidaria. No obstante, la suma de estas acciones no lograba constituirse en una política real de Estado de igualdad de género.
Una de las propuestas fundamentales del proyecto político fue la adopción de una nueva constitución y los movimientos de mujeres de todo el Ecuador demandaron la incorporación en el nuevo texto constitucional, de un conjunto de principios relacionados con asuntos que interesan a toda la población ecuatoriana, a la vez que consignó las demandas específicas de las mujeres.
Los principios y ejes fundamentales que debían guiar a la nueva Constitución eran: democracia, igualdad, no-discriminación, pluriculturalidad, respeto a la diversidad, estado laico, progresividad de los derechos y libertades, vigencia plena de los derechos sexuales y reproductivos, economía solidaria, justicia de género, paridad, participación como fundamento del poder ciudadano, ética en lo público e institucionalidad para la igualdad de las mujeres.
En la Asamblea de Montecristi, la Agenda de las Mujeres para la Nueva Constitución y la posición de Alianza País plantearon múltiples reivindicaciones para ser incluidas en los capítulos de la Constitución. Entre ellos:
1. Progresividad de los derechos: principio universal ganado por la humanidad, y compromiso nacional.
2. Laicismo: La separación entre el estado y la iglesia implementada desde el Gobierno de Eloy Alfaro.
3. Igualdad y no-discriminación: principio de la acción pública y la convivencia social, que requiere sólidas políticas y medidas de ‘acción afirmativa’ para que mujeres, personas con discapacidad, de nacionalidades afrodescendientes, indígenas y montubias participen en las esferas públicas del país.
4. El derecho a decidir sobre la vida sexual y reproductiva, así como el reconocimiento de la diversidad de familias.
Las prioridades de las mujeres en la nueva Constitución las aprobamos en Montecristi y con el apoyo ciudadano entraron en vigencia el 20 de octubre de 2008. Desde entonces tenemos un marco constitucional que determina el trabajo de la Asamblea Nacional y de todas las funciones del estado.
En todas las acciones que emprendemos, deben primar los principios de libertad, igualdad, dignidad, no-discriminación, justicia, solidaridad, diversidad, reciprocidad, progresividad de los derechos humanos, paz, defensa y protección del ambiente, la naturaleza y la biodiversidad, soberanía y desarrollo humano sustentable.
Y por ese mismo marco constitucional, aún tenemos tareas pendientes como la valoración efectiva del trabajo doméstico no remunerado, la incorporación de la economía del cuidado familiar, la compensación del Estado y la sociedad para las mujeres, el acceso universal a la seguridad social y sus prestaciones incluyendo la jubilación y la renta básica; la priorización de acciones estatales para las mujeres rurales y de comunidades afrosdescendientes, indígenas o montubias; las reformas a la ley civil para que no sean los hombres únicamente quienes administren las sociedad conyugal o para que nuestro adolescentes no se casen cuanto tienen 12 o 14 años. Son tareas pendientes pero que el mandato constitucional nos permiten viabilizarlas y ese es el trabajo que tiene la Asamblea Nacional para este 2015.
El proceso de la lucha por los derechos de las mujeres no terminó con la nueva Constitución, más bien tuvo otro punto de inicio que va acompañado por el deseo de tener una patria altiva y soberana, por alcanzar el buen vivir de todas y de todos.
Ayer se conmemoró un día más por el día internacional de la mujer, sobre el cual siempre he manifestado mi desacuerdo por regalar rosas y por felicitarnos. Cada vez que escucho “feliz día” pienso: “me están felicitando porque tengo derecho al voto, porque pude acceder a la universidad, porque puedo ocupar un cargo público, por qué me felicitan?” no lo entiendo cuando las desigualdades aún siguen presentes y la violencia contra las mujeres principalmente dentro de la familia es un cáncer social. Pero en esta ocasión sí quiero dar mis felicitaciones y mis abrazos a las mujeres y hombres que todos los días luchan por los derechos de las mujeres, de las hermanas, de las hijas, de las parejas, ellas y ellos sí merecen unas felicitaciones porque gracias a su ímpetu que es el mismo que tuvo Manuela Sáenz, Matilde Hidalgo de Urrutia y Nela Martínez, es que las mujeres tenemos nuestros derechos garantizados en la Constitución y en la ley.
Gina Godoy Andrade, Asambleísta por el Guayas. Distrito 1 Feminista, luchadora permanente por la igualdad de género, la niñez y la adolescencia Asambleísta desde 2009. Integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
