LEY DE AGUAS UNA HISTORIA DE LUCHA HACIA EL BUEN VIVIR
La Ley de Aguas vigente desde mayo 1972, establece que el agua es un bien nacional y de uso público, por tanto, el recurso es del Estado. Por Decreto Ejecutivo 1.088 del 15 de mayo del 2008 se creó la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), en reemplazo del Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que hasta entonces era el organismo rector del agua. La SENAGUA se convierte en el responsable de conducir y regir los procesos de gestión del agua de una manera integrada y sustentable en las cuencas hidrográficas.
El propósito de crear una Autoridad Única de Administración del Agua con distintos niveles de participación, es un avance para una distribución ordenada y equitativa del agua. En este sentido y por tratarse de un recurso estratégico, es importante distribuir la carga que hoy favorece a los agroindustriales. El 80% de las aguas destinadas para el riego están en manos de los agroexportadores entre estas las camaroneras, bananeras, piscícolas, cultivos de arroz. Por esta razón la administración unificada permite racionalizar y evitar el acaparamiento del agua, garantizando la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos.
Un alto porcentaje de las fuentes de agua están concesionadas. De esta manera existen 64.300 concesiones, con un caudal de 2.240 metros cúbicos de agua por segundo. Las concesiones no transfieren la propiedad, son temporales, revocables y se paga por ellas. Las tres cuartas partes del caudal concesionado, es decir el 74,28%, se registró en el subsector eléctrico, con 147 concesiones. El riego, con 31.519 concesiones, representa el 49,03% del total de concesiones; es decir 19,65% del caudal. Las concesiones para el uso doméstico son 21.281 (33,1%) y representan el 1,22% del caudal concesionado (Acosta, 2010).
A escala nacional la población campesina, sobre todo indígena con sistemas comunales de riego, representa el 86% del total de los usuarios del país; sin embargo, tiene el 22% de la superficie regada y accede a 13% del caudal. Mientras que los productores privados representan el 1% de las unidades productivas, concentran el 63% de las tierras y consumen el 64% del caudal.
En los últimos años en las provincias costeras de El Oro, Guayas, Los Ríos y Esmeraldas, se incrementó el área y uso de agua para el cultivo de banano; también en las cuencas de las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas se ha expandido la producción de camarón sobre el agua y suelo de los manglares. Existen más de 12 millones de hectáreas destinadas a actividades agropecuarias, pero solo 800 mil tienen acceso al riego. Un agricultor necesita 60 mil litros de agua para irrigar 1 hectárea, 3 veces por semana, lo que da un total de 180 mil litros.
Otras condiciones que han acelerado los problemas circundantes al uso y distribución del agua están vinculados con el aumento de centros urbanos de forma desordenada y la contaminación de fuentes hídricas con desechos domésticos y aguas servidas, el aumento de la población, el aumento de actividades de explotación de recursos no renovables, la expansión de las fronteras agrícolas y la explotación de importantes fuentes naturales de agua para uso en proyectos turísticos privados.
Por esta razón, la Comisión de Soberanía Alimentaria, presentó el proyecto de Recursos Hídricos, con el fin de reconocer por primera vez en la historia del Ecuador, el valor intrínseco del agua al jerarquizar su gestión al más alto nivel institucional, viabilizando una conducción integral y coordinada de este patrimonio natural en bien de su propia conservación y con el fin de asegurar su abastecimiento a los ciudadanos.
En este contexto, el pleno de la Asamblea Nacional inició el primer debate de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos que garantiza la no privatización del agua el 10 de Noviembre del 2009.
Basándose en los artículos de la Constitución que garantizan los derechos colectivos (Artículos 57, 58, 59) y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que establece el respeto a los valores y prácticas de los pueblos indígenas (Artículo 5 y 6), se realizó la consulta prelegislativa para que las comunidades, pueblos y nacionalidades puedan pronunciarse sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. En las audiencias realizadas en 22 provincias del país participaron 1.494 organizaciones de primer grado y 115 de segundo grado, quienes discutieron temas claves como la administración y gestión del agua, los sistemas comunitarios de riego y la distribución de competencias en la administración del agua. Las preocupaciones de los pueblos y nacionalidades alrededor del país se incorporaron en el informe presentado a la Asamblea Nacional, garantizando la participación ciudadana en la construcción de legislaciones nacionales.
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN
12 de mayo 2010: El Proyecto de ley fue debatido y necesitó 63 votos para ser aprobado, pero los 53 de PAÍS no fueron confirmados. El Gobierno expresó su apoyo a la decisión del titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, de postergar la votación del proyecto de la Ley de Aguas. Doris Soliz, ministra Coordinadora de la Política, manifestó que el Ejecutivo acoge de la mejor forma la decisión tomada por Cordero de efectuar una consulta prelegislativa a los sectores indígenas y otras nacionalidades sobre el proyecto de ley.
Eso significó que la Ley de Aguas se prorrogue para poder hacer ese proceso de consulta que durará algunos meses, cinco o menos, de acuerdo a lo que reglamenta la Corte Constitucional. El proceso se lo efectuaría en coordinación con el Consejo Nacional Electoral y las organizaciones indígenas, afroecuatorianas y montubias.
14 de septiembre de 2012: Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Nacional, oficializó la convocatoria a las 629 comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio; a inscribirse en la consulta prelegislativa del proyecto de Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
19 de septiembre de 2012: Inició el período de inscripción de los interesados a participar en la consulta sobre la Ley de Aguas. Los interesados debían acudir a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Asamblea Nacional para la recepción de documentos que acrediten su legítima representación. El plazo concluía el 8 de octubre de 2012, para luego entrar en la segunda fase que es la consulta propiamente dicha. En total, 607 organizaciones se inscribieron.
25 de febrero de 2013: Se inició el retiro de formularios para realizar la consulta prelegislativa del Proyecto de la Ley de Recursos Hídricos. Fernando Cordero convocó a los distintos actores inscritos a retirar los formularios de participación de la consulta.
1° de abril de 2013: Se terminó el plazo para entregar los resultados de la consulta que debaten 441 organizaciones.
22 de diciembre de 2013: Una de las leyes que quedó pendiente de aprobar por parte de la Asamblea Nacional es la de Recursos Hídricos. En el calendario que manejó inicialmente el oficialismo se establecía que esta norma sería aprobada hasta finales del 2013, pero los tiempos no le permitieron a la mayoría despachar la norma que está represada desde el 2009.
26 de marzo de 2014: La consulta prelegislativa del Proyecto de Ley de Aguas se inició en Cotopaxi y Carchi y terminó el 15 de abril en El Oro. Durante 13 días las organizaciones de segundo grado se reunieron con seis asambleístas en cada provincia, para analizar los cinco temas consultados en la primera fase: 1. Derechos colectivos 2. Manejo de aguas colectivas 3. Territorio indígena 4. Organización consuetudinaria 5. Manejo del agua. La metodología de la consulta prelegislativa consistía en preguntar sobre los temas y elevar un acta con los planteamientos para después incluirlos en la Ley de Recursos Hídricos. Al finalizar la consulta, la Comisión analizará los resultados y se organizará una mesa nacional con los representantes de las organizaciones inscritas. Los resultados que se obtengan serán debatidos en el Pleno.
29 de marzo de 2014: Más de mil personas participaron en la audiencia pública sobre la Ley de Recursos Hídricos. A los indígenas les preocupan dos temas: privatización y autoridad única del agua. En este espacio se propuso que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tengan a su cargo la administración y conservación de los lugares sagrados y rituales del agua, conforme a sus derechos propios y a sus prácticas ancestrales; mientras otros territorios serán administrados y conservados con la colaboración técnica del Gobierno. En lo relacionado a la participación de los organismos oficiales, se planteó que el Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua sea parte de la autoridad única del agua y se integre de forma paritaria y equitativa entre el sector público y comunitario.
22 de abril de 2014: Los 12 asambleístas que integran esa comisión sistematizaron las observaciones recogidas en las audiencias públicas en las 22 provincias, en las que participaron organizaciones de segundo grado. La siguiente fase fue la mesa de diálogo nacional en la que participaron alrededor de 12 representantes de organizaciones nacionales. Los insumos de ese debate son los datos sistematizados de las reuniones provinciales. Después de ello, el texto estará listo para ser debatido por la Asamblea Nacional, casi cuatro años después de que fuera suspendida la sesión.
20 de mayo de 2014: El borrador de ley fue que remitido a la Presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, para que lo incluya en una de las próximas sesiones plenarias, fue sometido a votación en la Comisión de Soberanía Alimentaria y obtuvo ocho votos de AP a favor, y uno en contra de César Umaginga, de Pachakutik.
APROBACIÓN:
Luego de cinco años el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 24 de junio de 2014, la Ley de Aguas, normativa que fue aprobada con 103 votos a favor, 21 en contra y 6 abstenciones.
Este cuerpo jurídico, se remitirá al Ejecutivo para que emita un veto parcial o total a la normativa.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea, señaló que el Legislativo entrega al país una ley, basada en "el Socialismo del Buen Vivir y el Sumak Kawsay".
Por su parte, la legisladora de PAIS, por la provincia de Tungurahua, Betty Carrillo, destacó que esta normativa propone un régimen económico para garantizar el agua para todos y la sostenibilidad de los sistemas; tarifas diferenciadas entre lo que es el consumo humano, para riego y lo que es el aprovechamiento industrial o de agua exportación o de otras actividades de recursos hídricos. NMS
Betty Carrillo, Mujer de izquierda, enamorada de la libertad y la justicia social. Decidida a ser participe del cambio positivo en la historia del Ecuador, Actual Asambleísta por la Provincia de Tungurahua, na..
