La Comisión de Soberanía Alimentaria realizó una nueva jornada de análisis, discusión e intercambio de información sobre el proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Esta ocasión lo hizo con la ciudadanía de Guayaquil.
El encuentro se cumplió en las instalaciones del ECU-911, al que acudieron los Consejos Sectoriales de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, de los proyectos nacionales de Ganadería Sostenible, de Desarrollo de la Productividad de Pequeños Productores de Banano, de Café – Cacao, de Semillas, del Sistema de Información Geográfica (SINAGAP), organizaciones sociales, montubias y campesinas, entre otras.
El asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, manifestó que la Ley de Desarrollo Agrario, en vigencia desde 1994, fue diseñada por las cámaras de agricultura y, como tal, responde a los intereses del neoliberalismo, la cual auspició la mercantilización, comercialización indiscriminada y concentración de las tierras.
Destacó que a la par del proceso de inscripción para la consulta prelegislativa, el organismo ha mantenido, hasta el momento, más de 60 reuniones de trabajo, en territorio, con múltiples organizaciones y la ciudadanía, dentro de la etapa de socialización para la construcción del informe para segundo debate de la normativa. Hay apertura total para recoger las inquietudes de la población y que, precisamente, el texto, salga del sentir de la gente, añadió.
Indicó que nuestro país tiene alrededor de 25 millones de hectáreas de terreno, de las que tan solo siete millones están utilizadas en la actividad agropecuaria. Hoy somos 16 millones de habitantes y en el 2050 seremos 23 millones de personas, por lo urge garantizar la soberanía alimentaria para esta nueva realidad, precisó.
En la reunión participó también la asambleísta Liuba Cuesta, representante de la provincia de Guayas e integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria y su alterno, Geovany Macías, quienes coincidieron en expresar que las leyes, hoy, se hacen con el factor más importante que es el pueblo, al enfatizar que el actual cuerpo legal en materia de tierras dejó de lado al pequeño y mediano productor, beneficiando a grupos de empresas, compañías y amigos.
En cambio, el proyecto de Ley de Tierras, que recoge las inquietudes y necesidades de la población ecuatoriana y se fortalece con la consulta prelegislativa, impide la concentración y regula el uso y tenencia de predios; promueve la producción y productividad para garantizar la soberanía alimentaria y el Buen Vivir, para hacer realidad la revolución agraria, argumentaron.
Comentarios de la gente
Nelson Fuentes sugirió que en el proyecto se efectivice la delimitación territorial para el pueblo montubio, especialmente en la Costa, amparados en el derecho constitucional, además se establezcan acciones y medidas para enfrentar la situación de degradación y contaminación de suelos por efectos de la salinidad que pone en riesgo la productividad.
Marcela Suárez, de las organizaciones agropecuarias de Bolívar, expuso que hay que reivindicar y reconocer el trabajo incluyente de la familia (padre, madre e hijos) en el desarrollo del campo, lo que ha dado resultados positivos en su jurisdicción, con lo que se logró frenar la migración de la juventud y el abandono de las tierras.
Vladimir Morillo planteó que se norme el uso y abuso de los agroquímicos en los predios de comunidades y pueblos que no serán afectadas, tomando en cuenta que es un tema que involucra a la salud pública.
Patricia Macías habló de la necesidad de la titularización de tierras a favor de más de 100 familias ubicadas en el cantón Salitre, fundamentalmente del área rural.
MG/pv
Miguel Carvajal es sociólogo; es asambleísta Nacional por el Movimiento Alianza País y Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Fue ministro Coordinador de Seguridad; ministro y viceministro de Defensa; viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); entre otros cargos. En el Movimiento Alianza País, además de un militante activo ha sido miembro del Comité Ejecutivo y de la Dirección Nacional; actualmente es integrante de la Comisión de Ética.
