Este miércoles 7 de octubre, representantes de organizaciones sociales, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, se congregaron en el Palacio Legislativo en Quito para la celebración de la mesa de diálogo nacional del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.
Esta mesa de diálogo se realiza en el marco de la consulta prelegislativa, un mecanismo establecido en la Constitución de la República, así como en tratados internacionales, para garantizar el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y afroecuatorianos a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar sus derechos colectivos.
Durante la jornada hubo amplia apertura para debatir un proyecto de ley que, según explicaron los miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, busca proteger el trabajo agrícola de los pequeños y medianos productores, consolidar el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra rural y garantizar el acceso a la tierra por parte de campesinos que no la poseen o que tienen tierra de mala calidad. Este proyecto de ley fomenta la producción y la productividad, y garantiza el respeto a la propiedad rural individual y comunal, así como de los territorios ancestrales.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, agradeció la presencia de las diferentes organizaciones y destacó la importancia de contar con una ley de tierras que beneficie al sector campesino.
La participación de representantes de diversos sectores permitió generar aportes valiosos que servirán para mejorar el texto de este proyecto de ley que, tras el informe de la Comisión de Soberanía Alimentaria en el cual se sistematicen los aportes, pasará a ser tratado por el Pleno de la Asamblea nacional en segundo debate.
La consulta prelegislativa se realiza sobre tres temas sustantivos: reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; reconocimiento del uso y usufructo en territorios ancestrales de comunas , comunidades, pueblos y nacionalidades; y, participación social y resolución de conflictos. Sin embargo, tanto en la consulta prelegislativa como en los talleres de socialización del proyecto de ley, realizados a escala nacional, se han receptado aportes, sugerencias y observaciones sobre todo el proyecto de ley.
Entre los principales consensos identificados durante la consulta prelegislativa y analizados durante la mesa de diálogo nacional están: la importancia de reconocer y legalizar la posesión ancestral de tierras y territorios; y de contar con procesos de legalización de tierras y territorios, gratuitos, ágiles y eficientes, que permitan garantizar sus derechos colectivos e individuales.
Un acuerdo contundente fue la necesidad de superar los trámites engorrosos que existen actualmente para la titulación, así como para la adjudicación de tierras por parte del Estado, dentro y fuera de unidades de conservación, a fin de potenciar el desarrollo productivo, la construcción de vivienda rural y el desarrollo económico social integral de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades.
Daniel Cañola, de la Asociación de Negros del Ecuador (Asone), manifestó que este es el momento propicio para ir consolidando consensos en temas como redistribución de la tierra, ya que “queremos una ley que podamos dejar a las futuras generaciones”, una ley que acabe con la inequidad y la explotación.
Por su parte , Daniel Matute, representante de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (Fenacle) pidió mayor control a los monocultivos, así como la generación de incentivos para la diversificación de la produccion agrícola.
Santos Villamar, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin) señaló que “hacia allá va el camino, hacia la revolución agraria y el buen vivir rural” e invitó a fortalecer el agro como mecanismo para enfrentar la pobreza y garantizar la soberanía alimentaria.
Un pedido de varias organizaciones fue que se regularicen los precios de las tierras para evitar la especulación y democratizar el acceso a este recurso.
Se abordaron asimismo, temas como el apoyo del Estado para que las tierras comunitarias cuenten con un plan de manejo que permita cumplir adecuadamente con la función social y ambiental de la propiedad de la tierra. En este sentido, el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, precisó que el cumplimiento de la función social y la función ambiental de la tierra de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, contará con el apoyo estatal, sin ser susceptible de afectación bajo ningún concepto.
Explicó asimismo, que el reconocimiento del uso y usufructo individual o familiar en tierras y territorios ancestrales, constituiría un instrumento de garantía que, unido a otras condiciones formales, permite a su titular acceder a crédito en el sistema financiero público y ser beneficiario de los planes y programas sociales del Estado y de esta manera mejorar las condiciones de desarrollo económico y social de las familias comunitarias.
El asambleísta Carvajal fue enfático al señalar que se trata de un proyecto de ley que va más allá de la coyuntura política ya que aborda un tema fundamental, estructural, que tiene que ver con la producción, con la redistribución de tierra y, en definitiva, con la soberanía alimentaria en el Ecuador.
Entre las organizaciones convocadas para esta mesa de diálogo nacional están: Asociación Mayoritaria de Afro Descendientes del Ecuador (AMAE), Confederación Intercultural Campesina del Ecuador (Amaru), Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin), Asociación de Negros del Ecuador (Asone); Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (Fenacle Nacional); Federación de Organizaciones Montubias Del Ecuador (Fedomec); Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas; Corporación Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA), Confederación Nacional del Seguro Campesino Coordinadora Nacional Campesina (Confeunassc-Cnc), Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine), Coordinadora de Movimientos y Organizaciones Sociales por la Democracia y el Socialismo (CMS-DS), Confederación Nacional Afroecuatoriana, Organización Agrícola-Ganadera-Pesquera y Acuícola "FUERZA Rural-Fuerza Campesina", Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Pueblo Montubio del Ecuador.
Foto: Asamblea Nacional
Miguel Carvajal es sociólogo; es asambleísta Nacional por el Movimiento Alianza País y Presidente de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero. Fue ministro Coordinador de Seguridad; ministro y viceministro de Defensa; viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); entre otros cargos. En el Movimiento Alianza País, además de un militante activo ha sido miembro del Comité Ejecutivo y de la Dirección Nacional; actualmente es integrante de la Comisión de Ética.
