Quito, Noviembre 12 de 2014
MTG-A-044-2014
Señora
Gabriela Ribadeneira Burbano
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su Despacho
De mi consideración:
Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento, y por su intermedio a los integrantes de la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorio, mis observaciones y recomendaciones al Informe que fuera presentado para primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones, remitido por el señor Presidente del la República.
1. ANTECEDENTES
El informe presentado para Primer Debate se refiere al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Telecomunicaciones presentado por el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República mediante oficio No. T.1541-SGJ-14487, ingresado en esta Asamblea Nacional con trámite no. 182245 y calificado por el Consejo de Administración Legislativa mediante Resolución CAL-2013-2015-125 de 31 de julio de 2014, a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
El Proyecto de Ley tiene por objeto desarrollar el régimen general de telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado, comprendiendo las potestades de administración, regulación, control y gestión. El Proyecto responde de manera global a una concepción única para el manejo de los sectores estratégicos que son potestad del Estado, concebida por funcionarios de la SENPLADES que están convencidos que el manejo de los distintos sectores estratégicos, cada uno con sus propias especificidades, debe hacerse bajo un modelo único e idéntico de gestión, lo cual, a mi juicio, es totalmente errado y no responde a las características propias que hacen diferente, por ejemplo, el manejo del sector de las telecomunicaciones, del sector del petróleo y minería, como del sector del servicio eléctrico.
Para nadie es desconocido el vertiginoso desarrollo que ha tenido el sector de las telecomunicaciones en el Ecuador y en el resto del mundo. Sin duda alguna, las tecnologías de la información y en particular las telecomunicaciones, caracterizan sobre manera las sociedades del Siglo XXI por la gran importancia económica de estas actividades y la cobertura de sus servicios a los habitantes de todas partes. En el Ecuador se puede afirmar, analizando los principales indicadores, que el sector de las telecomunicaciones ha tenido un desarrollo muy importante y similar a lo que ha ocurrido en América Latina en términos generales. Es así, que la cobertura del servicio en el Ecuador nos indica que hay 1.11 conexiones de telefonía móvil por habitante, mientras que en América Latina este indicador es de 1.21. De la misma manera, el ingreso promedio mensual que obtienen las operadoras de telefonía móvil por usuario es de 10.40 dólares, comparado con el promedio de 10.71 dólares por usuario en América Latina. Y así por el estilo, podemos constatar con otros indicadores técnicos, que el desarrollo de las telecomunicaciones en Ecuador al día de hoy tiene un patrón muy parecido al que ha ocurrido en promedio en América Latina. Donde se marca la gran diferencia entre el Ecuador y el resto de América Latina es en el ingreso promedio por minuto de servicio que reciben las empresas operadoras que en el Ecuador es de 0.091 dólares, frente al promedio en América Latina de 0.045 dólares.
De lo anterior se concluye que los más de 16.5 millones de usuarios en el Ecuador simplemente pagamos en promedio el doble de lo que se paga en el resto de la región por el servicio de telefonía móvil, siendo las tarifas que se aplican en el Ecuador unas de las más altas vigentes en el mundo entero. Esta realidad, sin duda alguna, explica de cuerpo entero el por qué de las enormes utilidades, muy por encima de lo que es usual en el negocio de las telecomunicaciones a nivel mundial, que obtienen las empresas privadas que ofrecen este servicio en el Ecuador. Esto nos lleva necesariamente a la conclusión de que en la renegociación de los contratos de concesión con las empresas privadas, que se hizo en el año 2008, no se establecieron en los mejores términos para los intereses del estado ecuatoriano y, sobre todo, para los intereses de los usuarios.
En el debate del Proyecto de Ley se han hecho referencias reiteradas a la participación dominante en el mercado de las dos empresas privadas que ofrecen este servicio en el Ecuador y a la poca participación de la empresa estatal que interviene en este negocio. En efecto, al día de hoy se puede constatar que la empresa Claro tiene una participación del 67.96%, Movistar del 28.70% y la empresa CNT del 3.34%. Pero estos porcentajes eran prácticamente los mismos cuando se renegociaron los contratos en el año 2008, por lo que esta situación no es ninguna novedad y debió haber sido tomada en cuenta de manera especial cuando se renegociaron los mencionados contratos, a efectos de conseguir mayores ingresos para el Estado, mejores tarifas para los usuarios y, sobre todo, adoptar políticas para disminuir los efectos negativos de la presencia de empresas oligopólicas en el mercado de las telecomunicaciones móviles en el Ecuador.
La presencia de empresas privadas en el sector de las telecomunicaciones con fuerte participación en los mercados, es un fenómeno mundial y para ello los estados, a través de sus órganos de control y supervisión, adoptan diferentes medidas para contrarrestar los efectos negativos de prácticas monopólicas u oligopólicas . Entre otras, se pueden mencionar las siguientes políticas:
1. Incentivar la presencia de otros actores en el servicio de telecomunicaciones, a efecto de fomentar la competencia entre los mismos y mejorar la calidad de los servicios y sus precios;
2.- Un riguroso control de precios y el monto de inversiones de las empresas, porque es sabido de la teoría económica que la característica más perjudicial a los intereses de los usuarios que se observa en mercados con las características anotadas es precisamente el cobro de tarifas más altas que las que existen en mercados con mayor competencia;
3. Evitar las fusiones o consolidaciones de distintos actores en el mercado, pues de esta manera los entes empresariales resultantes de estas medidas tienen una mayor participación y control del mercado;
4. En los casos de que existan empresas estatales que prestan el servicio, hacer que éstas sean eficientes en calidad y precios, para que precisamente se obligue a los actores privados a ofertar servicios en similares condiciones. Nada de esto ha ocurrido en el Ecuador, pues no han entrado nuevos actores al mercado, tenemos una empresa estatal en extremo ineficiente y, finalmente, cuando se pudo haber negociado mejores tarifas para los usuarios, no se lo hizo.
2 . OBSERVACIONES
1. Como hemos indicado anteriormente, lo que se observa alrededor del mundo como políticas gubernamentales, a efectos de contrarrestar la presencia de grupos con poder monopólico u oligopólico en el sector de las telecomunicaciones, o disminuir los efectos negativos para los intereses del Estado y los usuarios de estas prácticas, no tiene que ver con pago alguno de los actores privados por su participación en el mercado. En efecto, cuando se ha tratado de aplicar este tipo de medidas en diversas partes y en diversas épocas, han tenido un efecto totalmente negativo para los intereses de la sociedad, pues cuando una empresa se ve obligada a pagar por un mandato legal una especie de regalía por su participación en el mercado, la consecuencia inmediata de esta medida es disminuir su participación en el mercado, invirtiendo menos, ofreciendo menos calidad en el servicio y, sobre todo, abusando más del usuario. En la literatura económica se pueden encontrar variados ejemplos de resultados fallidos de este tipo de medidas, por ello sugiero la eliminación del Artículo 34, por su improcedencia técnica y jurídica y porque, además, no resuelve el problema de fondo. Creo que la solución para mejorar los ingresos del Estado y, sobre todo los intereses de los usuarios, está en la negociación que se haga a la brevedad posible de la denominada banda 4G con las operadoras privadas en el Ecuador.
2. Como señalábamos anteriormente, el Proyecto de Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece un modelo conceptual de gestión diseñado en la SENPLADES para todos los sectores estratégicos. Este modelo establece para cada caso una agencia de regulación y control adscrita como una dependencia más del ministerio que tiene que ver directamente con cada sector estratégico. Así, ya existe una agencia de regulación y control en el sector petrolero, adscrita al ministerio respectivo y también en el proyecto de ley para el servicio eléctrico se establece la futura existencia de una agencia de regulación y control en el Ministerio de Electricidad; ahora, para seguir con el patrón, se sugiere la eliminación de la Superintendencia de Telecomunicaciones y en su lugar la creación de una agencia de regulación y control de las telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones. Esto, a mi juicio, es totalmente contraproducente, pues en el sector de las telecomunicaciones, al haber actores públicos y privados, se requiere la presencia de un organismo independiente y con plena autonomía, que pueda realizar el control correspondiente de las actividades de los distintos actores en el sector. Por ello sugiero que se mantenga en el Artículo 142 la vigencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones y no se de paso a la creación de una mera dependencia del Ministerio de Telecomunicaciones, como se plantea en el Proyecto de Ley.
Atentamente,
Moisés Tacle Galárraga
ASAMBLEÍSTA DE LA REPÚBLICA
c.c. Economista Richard Calderón S. Presidente Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio.
