Observaciones al Proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, que establece la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de Delincuencia
Detalle de la Propuesta:
Necesitamos un cambio en el sistema penal no sólo una defensoría para las víctimas, sino más bien una justicia orientada hacia la protección de las víctimas, la reparación de los daños provenientes del hecho delictivo, la agilización de los procesos, mayor sagacidad y objetividad en las investigaciones y en general una función judicial que sea accesible a la ciudadanía y sensible a sus necesidades.
Considero que estamos en camino de lograr ese proceso, pero necesitamos de propuestas y reformas serias, orgánicas sistemáticas y bien pensadas, y para lograr este objetivo pienso que es necesario en primer hacer un replanteamiento del sistema penal como respuesta idónea a la solución de los conflictos sociales.
Si bien es cierto necesitamos de la reforma legal y judicial para garantizar que el país exista adecuada contención de la violencia y que no exista ningún delito que quede en la impunidad, la experiencia de muestra que cuando interviene el sistema penal en cualquiera de sus formas generalmente es demasiado tarde para las víctimas de un hecho delictivo, que a esas alturas deben enfrentar una pérdida irreparable , de modo que solo queda para ellas la posibilidad de asistirlas psicológicamente en su dolor, y garantizarles el acceso a una justicia que no sea indolente a su necesidad.
En otras palabras, garantizar verdaderamente los derechos de las víctimas, es procurar que en una sociedad se reduzcan al mínimo posible los índices y riesgos de victimización y esto solo puede conseguirse atendiendo a los factores estructurales que originan la violencia, y una reforma del sistema judicial que no se limite a la creación de más instituciones o dependencias, sino que instaure mecanismos que permitan que los recursos existentes funcionen de manera adecuada.
Es importantísimo brindar la debida asistencia a todas las personas involucradas en el proceso penal, y es un momento oportuno para recordar que las reformas al sistema penal que la Asamblea está próxima a realizar, exigen de nosotros mucho criterio, buen juicio y responsabilidad, lo cual implica no utilizar el dolor de las víctimas como una plataforma desde la cual lanzar propuestas que el fondo no las defienden a ellas sino que más bien proclaman un discurso vindicativo y punitivista que en realidad no resuelve, sino que agrava los problemas de nuestra administración de justicia penal, y lo que es peor debilita la cohesión social y la confianza en la ley y en las instituciones encargadas de controlar el orden público.
Para muestra de ello cabe recordar que en las motivaciones de este proyecto se cuestionaba el papel de la defensoría pública del Ecuador diciendo básicamente que era una institución que “favorece a peligrosos reclusos y los pone en libertad” expresiones que rechazamos rotundamente, todos quienes conocemos el esfuerzo y dedicación de la defensoría pública institución creada por este gobierno, no para favorecer a la delincuencia sino para trabajar por la justicia.
Lamentablemente todavía quedan eco de esas voces que añoran el país sin garantías, que anhelan “el orden y la seguridad” de los escuadrones volantes y en el que bastaba una acusación o una sospecha para encarcelar y torturar a cualquier persona sin que exista ninguna posibilidad de defensa.
El país que hoy construimos es diferente y estamos luchando para que el proceso penal se humanice, y se racionalice en la medida en que ello es posible, porque creemos que la justicia no es un privilegio sino un derecho, que los beneficios que la ley otorga deben estar al alcance de todos, queremos que las necesidades del ser humano víctima o procesado, se conviertan en el centro de interés de la administración de justicia, y nuestro desafío y compromiso está en construir leyes que disminuyan el dolor que produce el delito, y no que lo aumenten, no creemos en la violencia como herramienta, ni en la demagogia como respuesta a los problemas de la sociedad.
Con base en un bien fundamentado criterio jurídico la comisión que presenta este informe ha decidido recomendar el archivo del presente proyecto, decisión que sin dudada respaldamos, porque buscamos soluciones verdaderas, integrales y ajustadas a derecho.
Dra. Betty Carrillo Gallegos
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LOS
TRABAJADORES Y SEGURIDAD SOCIAL
Betty Carrillo, Mujer de izquierda, enamorada de la libertad y la justicia social. Decidida a ser participe del cambio positivo en la historia del Ecuador, Actual Asambleísta por la Provincia de Tungurahua, na..
