Pasó primer debate de proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
Un amplio debate generó el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo que tiene por objetivo regular las atribuciones, estructura y procedimientos de esta institución, con el fin de promover, proteger y tutelar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza.
Luego de la intervención de 23 asambleístas la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, concluyó el primer debate del proyecto que contiene 72 artículos, una disposición reformatoria, tres transitorias y dos derogatorias.
Las principales observaciones se centraron en la necesidad que la normativa esté orientada a resolver problemas de la ciudadanía y las comunidades; se alertó que se está dando al defensor del pueblo la posibilidad de juzgar; que la promoción y protección de personas y pueblos no es competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo y en inmunidad al Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus actos.
Los parlamentarios resaltaron la necesidad de armonizar esta ley con la normativa constitucional; que beneficia a todos los ecuatorianos, porque se garantiza los derechos de usuarios, consumidores, es decir de aquellas personas que han sido maltratadas por funcionarios públicos.
El asambleísta Raúl Patiño resaltó la necesidad de establecer una sanción económica para quienes utilizan el poder público para violentar derechos ciudadanos; mientras que el legislador Luis Tapia destacó el trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana en la construcción de la normativa.
Por su parte la legisladora Rosa Elvira Muñoz dijo que es fundamental que la Defensoría contribuya a la solución de los problemas de la ciudadanía y comunidades, al tiempo que dijo que la designación del Defensor del Pueblo debe responder a una mayor participación de comunidades y pueblos.
La legisladora Rocío Valarezo recordó que la Constitución prohíbe productos genéticamente modificados, por lo que la Defensoría debe analizar estos casos en defensa del consumidor.
Mae Montaño pidió que se establezca el juzgamiento de acciones del Defensor del Pueblo que afecten a las personas, a la vez que expresó su desacuerdo con la posibilidad que el defensor tenga la facultad de juzgar.
El parlamentario Mauro Andino aclaró que la promoción y protección de personas y pueblos no es competencia exclusiva de la Defensoría del Pueblo, pues la recepción de testimonios es atribución de la Función Judicial, situación que se debe precisar en el proyecto.
José Ricardo Moncayo no comparte la idea otorgarle al Defensor del Pueblo atribuciones para promover y controlar que los proveedores que suministran servicios públicos incorporen sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias, así como sistemas de atención y reparación.
Por su parte, el legislador Nelson Serrano expresó que se requiere desarrollar, de mejor manera, la aplicación de los derechos de la naturaleza. Ramiro Aguilar dijo que esta propuesta es desmesurada y pretende usurpar competencias de otras entidades, tras cuestionar la posibilidad de otorgar inmunidad al Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus actos. Virgilio Hernández dijo que la denominación de derechos fundamentales en la Ley de Defensoría del Pueblo va contra la normativa constitucional al considerar que el tema de la figura del indulto meceré mayor debate.
La legisladora Verónica Arias sugirió que se precisen las competencias de la Defensoría del Pueblo para que no se confundan con las de orden judicial. Luis Fernando Torres manifestó que tal como está planteado el cuerpo legal el Defensor dejará de defender al pueblo para proteger al poder y para defenderse él mismo.
Gabriel Rivera pidió eliminar de la normativa todo lo que diga defensa de derechos fundamentales tomando en cuenta que de acuerdo con la Constitución del 2008 todos los derechos tienen igual jerarquía, es decir, tienen el carácter de constitucionales. La parlamentaria Ximena Peña respaldó las normas que garantizan los derechos del pueblo migrante.
A María Cristina Kronfle le preocupa que se dote de mucha potestad al Defensor del Pueblo como el caso de preparar informes y coordinar con la Función Ejecutiva su presentación ante los Sistemas de Protección Internacional de Derechos Humanos.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira recordó a los asambleístas que tiene tres días de plazo para presentar sus observaciones para que la Comisión de Participación Ciudadana pueda preparar el informe para segundo debate.
JLVN/pv
Nacida en Cuenca, es Doctora en Jurisprudencia y Comunicadora. Actual Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En 2007 fue electa como Asambleísta Constituyente y formó parte de la Comisión de Legislación y Fiscalización, Vicepresidenta de la Comisión Especializada de lo Civil y Penal, y Vocal de la Comisión Especial de Fiscalización y Control Político. En 2009, fue electa Asambleísta por la Provincia del Azuay y desempeñó el cargo de Presidenta de la Comisión Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales. Previamente estuvo vinculada a la investigación académica universitaria, fue coordinadora de programas de gobierno y liderazgo; asesora y capacitadora en temas vinculados al desarrollo, descentralización y gobernabilidad.
