Este martes 14 de octubre entrará a primer debate del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo, cuya norma tiene por objeto regular las atribuciones y estructura institucional de la Defensoría del Pueblo del Ecuador(DPE), con la finalidad de promover, proteger y tutelar los derechos fundamentales de las personas y los derechos de la naturaleza.
La Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Dora Aguirre Hidalgo, quien será la ponente de este proyecto, señaló que la actual ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo vigente desde 1997, resulta insuficiente para cumplir con los deberes y atribuciones que le han sido otorgadas a la DPE a través de la Constitución del 2008, por lo que es inminente adecuar el marco jurídico de esta normativa. La ciudadanía requiere que este Órgano, proteccionista y garantista de derechos fundamentales, cuente con un respaldo jurídico que avale sus gestiones y permita el efectivo ejercicio de tales derechos, destacó.
Entre las principales atribuciones, el Proyecto faculta a la Defensoría del Pueblo a interponer acción ciudadana cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de afectación a personas, comunas, comunidades, pueblos o colectivos, por la misma causa, interpuesta ante autoridad pública no judicial a fin de que se tome la medida normativa, política pública o servicio que resulte más eficaz para impedir o cesar tal vulneración o amenaza.
Así mismo la DPE, tendrá la atribución de emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos fundamentales y solicitar la sanción ante la autoridad competente por su incumplimiento.
Los usuarios de servicios públicos tendrán a disposicón, un libro de quejas que recoja las recomendaciones sobre el servicio que prestasn los proveedores de estos servicios.
El Proyecto propone también un enfoque de consumo responsable y solidario, pretendiendo una atención al cliente con calidad, calidez, eficacia, eficiencia, buen trato; en este marco, instituye el registro de proveedores de bienes y servicios, estableciendo el proceso de tratamiento, respuesta y sanciones a quienes transgredan derechos de usuarios y consumidores. Se implementa la obligatoriedad de que los proveedores de bienes y servicios incorporen un registro de reclamos que deberá estar permanentemente a disposición del usuario y consumidor, estableciéndose el registro de reclamos por mala o indebida prestación de servicios públicos domiciliarios, generando la obligación al proveedor de implementar sistemas de medición de la satisfacción, contar con una oficina de atención a usuarios y llevar un registro de todos los reclamos y mecanismos para su atención y reparación.
El Proyecto de ley propone la creación del Mecanismo Nacional de prevención de la tortura, trato cruel, inhumano y degradante lo que asegurará visitas permanentes de la DPE a los centros, para garantizar el cumplimiento de la normativa en centros de privación de libertad, centros de desintoxicación, residencias de personas adultas mayores, entre otros.
Fortalece la presencia institucional de la Defensoría del Pueblo en el exterior, determinando sus atribuciones en materia de protección y promoción de derechos, los mecanismos de coordinación y colaboración con el servicio exterior, garantizando el acceso de las y los ecuatorianos residentes en el extranjero a los servicios institucionales.
Finalmente la legisladora Aguirre, enfatizó que durante el tratamiento del Proyecto de Ley, la Comisión priorizó la participación de la ciudadanía en su proceso de construcción, realizando eventos de socialización del mencionado proyecto en nueve ciudades del país: Ibarra, Tena, Latacunga, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil, Quito, Loja y Cuenca, donde se recogieron aportaciones que enriquecieron esta normativa.
Asambleísta por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Desde muy joven me desempeñé como activista social en mi provincia natal Imbabura. Posteriormente en España como migrante, fui fundadora y presidenta de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, trabajé en la defensa de los derechos de las personas en situación de movilidad humana, trabajo altamente reconocido que me llevó a ser elegida en 2009 como asambleísta representante de las y los ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía y reelecta para el periodo 2013-2017. Desde entonces hemos visibilizado el trabajo de las personas en situación de Movilidad Humana e incorporado la migración como eje transversal en más de 20 leyes aprobadas en la Asamblea Nacional.
