Reforma Ley 88 para la legalización de la tenencia de tierras en Guayaquil, Samborondón y El Triunfo
Se tratará en primer debate el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Legalización de la Tenencia de Tierras a favor de los moradores y posesionarios de predios que se encuentran dentro de la circunscripción territorial de los cantones Guayaquil, Samborondón y el Triunfo.
El mismo que tiene como base el informe preparado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio, a la que pertenece el asambleísta Octavio Villacreses Peña.
La enmienda legal tiene por objeto corregir los errores de linderos, incluyendo coordenadas actualizadas por la Secretaria Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares. Busca que a través de la ejecución de proyectos habitacionales integrales se dote a la población de servicios básicos de los que carecen actualmente.
El mismo que constituye una respuesta que da la Asamblea Nacional al problema de los asentamientos humanos irregulares que, sin duda, responden a causas de orden económico y social, especialmente a la migración de familias procedentes de todo el país, en busca de empleo en las principales ciudades, dadas las condiciones de inequidad territorial.
Octavio Villacreses sostiene que la demagogia transformó estos asentamientos irregulares en filones políticos durante años. El asambleísta por Alianza País, señala que durante años los gobiernos le han metido la mano a los asentamientos irregulares para volverlos filones políticos, mediante recursos demagógicos que permitieron vender los terrenos a un sucre o 10 sucres o un dólar el metro respectivamente, a la vez que no tomaron ninguna medida en relación a la infraestructura de los mismos, por lo que las personas asentadas en estos lugares quedaron, según Villacreses, a su suerte.
La legalización de los asentamientos que se busca concretar con la reforma a la Ley 88 convierte a estos asentamientos en tierra urbana, según Villacreses, situación tras la cual el Municipio está en la obligación de proveer infraestructura urbana en dichas zonas, como servicios básicos y carreteras, indicó el legislador de Alianza País.
A través de esta reforma se considerará la situación socioeconómica de los posesionarios para el pago del valor de los predios, que será en un plazo de hasta 25 años, misma que se detallará a través de ordenanza, en el caso de los municipios, y por acuerdo ministerial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el caso del gobierno central.
Además de que establece la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, en función de sus competencias, que deberán aprobar, dentro del plazo de 90 días, los proyectos habitacionales, tratándose de aquellos realizados a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda e incorporar al catastro los predios transferidos.
ASAMBLEÍSTA POR ALIANZA PAÍS,Nació en Guayaquil, el 25 de enero de1956, realizó sus estudios universitarios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde obtuvo el título de Arquitecto, luego..
