La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, integrada por el Asambleísta Fabián Solano, avanza en el análisis del proyecto de Código Orgánico General de Procesos y hasta noviembre estaría listo el informe para segundo debate, según informó el presidente del organismo, Mauro Andino Reinoso.
Esta vez, la comisión recibió a la Subsecretaria de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Cristina González, quien formuló un llamado a afianzar las bondades de la oralidad en todas las materias no penales, con el fin de asegurar oportunidad en la administración de justicia.
Expresó que el sistema escrito en la sustanciación de los procesos judiciales se caracteriza por ser lento y burocrático; el juez se convierte en un mero espectador; se proliferan los incidentes.
Aseveró que frente a ello en el Código de Procesos se plantea el sistema oral que garantiza una mejor apreciación de las pruebas; se eliminan formalidades innecesarias y se evita la sorpresa procesal, a la vez que puntualizó que se asegura inmediación, celeridad, publicidad y control social de legitimación.
Beneficios del proyecto
La funcionaria sostuvo que el proyecto de cumple el mandato constitucional de implementación del sistema oral en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, a la vez que recordó que el artículo 168 de la Constitución dispone que “la sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo”, mientras que el 169 determina que “el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”
Insistió que el sistema oral permite conseguir la uniformidad y simplificación de los procesos a través del sistema oral por audiencias.
Agregó que también evita la dispersión normativa, pues, en muchos casos, cada ley ha establecido el procedimiento a seguir dependiendo de la materia que regula y de esta manera se garantiza una administración de justicia eficiente y eficaz; evitando la dilación de los procesos o su prescripción, así como la plena vigencia de los principios procesales y garantías del debido proceso.
Formación académica - Especialista en Gerencia de Proyectos Universidad Regional Autónoma de los Andes Nacional - Diplomado Superior en Gerencia de Marketing Universidad Regional Autónoma de los Andes Nac..
