Nuestra asambleísta Vanessa Fajardo Mosquera participó en el primer debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que se desarrolló hoy, jueves 22 de enero de 2015, dentro del marco de la sesión del Pleno 311 de la Asamblea Nacional.
Inició su intervención saludando al cantón Santa Elena por conmemorar 176 años y haciendo los respectivos aportes en esta propuesta legislativa trascendental para el país y Santa Elena.
Lea a continuación su intervención:
Buenos días compañeras y compañeros. Antes de iniciar mi intervención quiero saludar al cantón de los balnearios, al cantón del mar y la tierra, al cantón capital de provincia, el cantón de 69 comunas, mi cantón Santa Elena que hoy está conmemorando 176 años de lucha, progreso y trabajo mancomunado de hombres y mujeres; por eso me siento orgullosa de representar en este parlamento a esa parcela de Dios.
Precisamente en el cantón Santa Elena tuvimos la visita de la Comisión de Soberanía Alimentaria que Socializó con los diferentes gremios y comunas este proyecto de ley, los diferentes aportes que hicieron nuestros hermanos comuneros y agricultores se encuentran anexados al final de esta propuesta legislativa.
Santa Elena como lo mencione cuenta con 69 comunas las mismas que representan el 80% del territorio, de las cuales la gran mayoría son eminentemente rural. Ésta forma de organización que se encuentra constitucionalmente reconocida en su gran mayoría poseen vocación Agrícola, pecuaria, forestal, acuicola y ecoturistica; sin embargo la falta de respaldo e incentivos a estas actividades no han permitido el desarrollo económico y social de sus miembros. Pero esta falta de impulso se encuentra identificados y podemos mencionar algunos como:
La carencia de servicios y alternativas en el mercado crediticio y bancario para comuneros y pequeños agricultores;
Una insuficiente regulación en la posesión de las tierras ancestrales -pues como muchos conocen estas tierras han sido arrebatadas por terceros mediante argucias legales-, además de, una escasez de seguridad jurídica en todo el sector agrícola, consecuencia de una débil institucionalidad; entre otros factores que también se detallan en los antecedentes de este proyecto.....
Pero ¿Cuál ha sido la consecuencia de todo esto? Que nuestros comuneros, pequeños y medianos agricultores se vean con la dolorosa decisión de abandonar sus tierras para ir a las ciudades a buscar mejores días entre comillas y ¿Quiénes se han aprovechado de todo esto? Los grandes latifundistas, los grandes especuladores de la tierra agraria que buscan sacar únicamente provechos personales sin pensar en el desarrollo productivo del país.
Esta propuesta legislativa no busca confiscar la tierra, ni dejar de reconocer la propiedad de la misma, lo que buscamos es cumplir con el mandato constitucional de promover el acceso equitativo de la tierra como factor de producción pero siempre precautelando que cumpla con función y responsabilidad social y ambiental esta es la principal diferencia de las leyes de reforma agraria de 1963 y 1973 y la Ley de Desarrollo Agrario de 1994.
En esta nueva dinámica constitucional que aún muchos no comprenden o más bien les cuesta entender lo que buscamos es fijar los lineamientos de una política agraria más justa, equitativa pero sobre todo integral, donde ya la ley no responda a los deseos de las grandes transnacionales o a los pocos grupos económicos que poseen grandes extensiones de tierras sino que se observen los principios de plurinacionalidad, interculturalidad, sustentabilidad y todos aquellos que se encuentran anotados en el artículo 6 de este proyecto.
El término Función Social se ha convertido en la piedra angular de este proyecto político, que desea cultivar una sociedad con valores humanistas, donde el interés colectivo prime sobre el particular y donde se edifique una revolución agraria solidaria e incluyente, pero es preciso recordar a los jóvenes que por muchas décadas nuestro país se vio afectado por un sistema que privilegiaba la concentración de tierras, donde pocas familias que son poseedoras de grandes extensiones de tierras rurales a través de sus influencias de Gobiernos anteriores dictaban la política pública agraria, ahora esto es diferente; ahora predomina un modelo social donde las políticas públicas y leyes responden a un solo interés AL INTERÉS NACIONAL.
Una vez dicho esto quiero hacer los aportes respectivos al presente proyecto de ley:
En primer lugar en el artículo 16 establece las restricciones que existen con la finalidad de garantizar la soberanía alimentaria en el país. En su ultimo inciso existe una restricción para las personas naturales extranjeras con residencia en el país de no poder adquirir o arrendar tierras rurales en extensiones superiores a diez unidades productivas familiares; si existe esta restricción para las personas naturales debe ampliarse para las personas jurídicas cuyo capital social este compuesto con el 51% de capital extranjero.
Otro tema que quiero hacer notar a los miembros de la Comisión es que los conflictos agrarios en el Ecuador tienen sus propios ritmos y complejidades. No es lo mismo un conflicto de posesión de tierras ancestrales frente a un tercero; que un litigio entre particulares, pues en el primer caso estamos frente a un reconocimiento y garantía por parte del estado en conservar la propiedad imprescriptible, inalienables, inembargable e indivisible de las tierras comunales, en el segundo caso nos encontramos en el reconocimiento de un derecho como es la propiedad privada, con este antecedente sugiero que dentro del artículo 77 del proyecto se tenga contemplado que los conflictos territoriales donde se vea afectada tierras comunales se busque una solución mediante la vía administrativa es decir lo resuelva la autoridad agraria competente.
Así mismo dentro del Titulo 3 Capitulo 2 de esta iniciativa consta los términos, condiciones y referencias acerca del contrato agrario, estableciendo en su parte pertinente, puntualmente en el Artículo 83 “El contrato agrario, es un contrato de administración productiva por el cual, una persona natural o jurídica legalmente constituida, contrata el uso de la tierra bajo propiedad o posesión de agricultores familiares, agentes de la economía popular y solidaria, o de pequeños o medianos productores a fin de realizar determinadas actividades productivas en la tierra o manejo de recursos renovables...” creo que de este detalle se ha dejado de lado a los comuneros que muchas veces siendo poseedores de las tierras por no contar con los suficientes recursos económicos no pueden trabajar la tierra como consecuencia de las consideraciones que anoté anteriormente; compañeros y compañeras cuidado y el no incorporar a las comunas en esta lista sea un argumento de exclusión para hacerlas participes de este nuevo régimen de contrato agrario; claro esta que este contrato deberá estar enmarcado en las limitaciones constitucionales que se contempla para los territorios comunales.
En el Artículo 95 se expresa que “una vez notificado el inicio del proceso de expropiación, se dispondrá la inscripción de la prohibición de enajenar en el o los Registros de la Propiedad correspondiente” es oportuno señalar y lo hablo por la experiencia que ha ocurrido en mi provincia que existen Registradores de la Propiedad que fueron nombrados por ciertos alcaldes de cumplían agendas propias afectando los intereses colectivos; por eso propongo que se añada la frase que “En caso de omisión o negativa esto sea causal de destitución del Funcionario”.
El Artículo 109 detalla cuales son las peticiones o reclamos en materia de tierra rural que se tramitan en la vía administrativa obviamente siendo consecuente con la observación que hice en el artículo 77 debería incorporarse un nuevo literal que establezca “los conflictos de posesión de tierras ancestrales”.
Compañeras y compañeros que siguen esta sesión de pleno por los diferentes medios sepan ustedes que la revolución ciudadana aún tiene muchos desafíos que enfrentar y metas que alcanzar, pero casi 200 años de colonialismo, latifundismo y sometimiento de nuestros campesinos no terminaran de la noche a la mañana; lo que si puedo asegurarles es que estamos transitando el camino correcto aprobando leyes donde se busca cambiar las relaciones de poder pero más que nada alcanzar la soberanía alimentaria y el sumak kawsay. Gracias señora presidenta, los demás aportes los haré llegar oportunamente, de manera escrita, a la comisión respectiva.
Asambleísta Reelecta por la Provincia de Santa Elena, Miembro de la Comisión de Fiscalización y Control Político y Miembro de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y Control...
