La asambleísta Cristina Reyes (PSC-Madera de Guerrero) no salía de su asombro. Ayer, transcurridos unos 40 minutos del inicio de la sesión número 61 de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, la legisladora pidió que el proyecto en debate se archive, pese a que no había llegado aún la hora de votar.
El secretario de la comisión daba lectura al texto cuando Reyes pidió un punto de orden. “Del viernes al lunes el documento es distinto. La convocatoria era para tratar el informe para primer debate del Proyecto de Ley del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional. Esto es otra cosa”.
Efectivamente, el texto había cambiado. El documento sujeto a consideración tenía un vistoso titular en negrilla: “Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados”.
Al menos, los legisladores de Alianza País y afines, muy juiciosos, tenían el documento impreso en sus puestos de trabajo. No así Reyes y el representante de Creo, Andrés Páez que se quejaron, de paso, que no tenían el insumo de 45 páginas.
Mientras la titular de la comisión, Betty Carrillo, pedía a los asesores que impriman las copias faltantes “debido a un problema en el sistema”, su compañera de bancada Kerly Torres, ensayó una respuesta para la guayaquileña: “Eso pasa cuando no se viene a las reuniones. En este texto se trabajó viernes, sábado e incluso domingo”.
Carrillo asintió con la cabeza y recordó que la instancia legislativa que dirige se había declarado en sesión permanente.
Pese a no contar con el papel, Reyes visualizó a través de su celular algunos textos. Y sobre ellos explicó los motivos para archivar el debate: “La discusión se inicia por los Fondos del Magisterio y termina con cambios a dos leyes. No hemos escuchado a todos los actores involucrados en estos fondos, apenas a los maestros. Las leyes no son retroactivas. Están entregando la supervisión de estos fondos a una Junta reguladora contemplada en el Código Monetario al que aún le falta el veto presidencial… Esto es una confiscación”.
Esta palabra puso los pelos de punta al legislador Hólger Chávez, de Alianza País, y proponente del texto. Al menos, del que tenía que ver con los fondos del magisterio y del que quedaba muy poco. “No puede decir eso. Este es el gobierno de la revolución ciudadana. Aquí a nadie le puede caber la más mínima duda. Si esto es para dar a los dueños de esa dinero mayor seguridad, transparencia, eficacia...”.
Sobre la base de la eficacia y la transparencia, el legislador Páez, inició su discurso con cuestionamientos que el mismo respondía. “¿Por qué el Estado siempre le debe al IESS? Porque hay una disposición sistemática de los fondos del Seguro Social, en este y en los anteriores gobiernos”.
Después, advirtió a sus compañeros del paso que querían dar: “El artículo 226 de la Constitución establece el principio de legalidad: solo se puede hacer lo que está en la Constitución y la ley” Pese a que Páez reconoció que existieron algunos fondos de este tipo que recibieron onerosas aportes del Estado, “como el Banco Central”, excluyó al Fondo del Magisterio de esta consideración.
“El dinero es de los maestros. Ustedes pueden normar los fondos públicos, pero no la plata ajena”.
El tono de Páez fue de un profesor aconsejando a sus discípulos: “Pidan la opinión de la gente dueña de esos fondos. Si no les van a llamar, que les envíen una autorización firmada. Después esa gente puede reclamar”.
Reyes, más fortalecida tras la intervención de Paéz, se mantuvo en su criterio. Chávez volvió a pedir la palabra. Utilizó una definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, según dijo, para leer el concepto de confiscación y repetir sus buenos augurios sobre esta ley.
Con ocho votos a favor y dos en contra, la Comisión dio luz verde para que el Fondo de Cesantía del Magisterio integre la lista de 54 fondos previsionales que, según los asambleístas de Alianza País, tiene entre sus aportes dinero público. Juntos suman alrededor de $936 millones.
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