Acogiendo la recomendación de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, -que elaboró los informes para segundo debate-, el Pleno de la Asamblea Nacional, decidió archivar los proyectos de reformas al Código de la Función Judicial y a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, por carecer de fundamentos legales y estar en contraposición con las normas constitucionales.
Unidad para las víctimas de la delincuencia
En efecto, con 103 positivos y 24 negativos el Pleno de la Asamblea decidió archivar el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, que establece la Unidad de Defensa Pública Gratuita de las Víctimas de Delincuencia, considerando que ya existe otro órgano con iguales competencias.
El asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado argumentó que la principal razón para pedir el archivo, es porque a través de ella se pretende crear una unidad de Defensa Pública, con independencia económica y financiera de la Fiscalía General del Estado con las mismas competencia constitucionales otorgadas a la Defensoría Pública, con lo cual se crearía una unidad paralela que ya existe a través de la Constitución.
Además, señaló que según la Constitución, la Fiscalía General del Estado es la encargada de dirigir de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal y acusar o no, de acuerdo con los méritos, en contra de quien pueda estar procesado en una acción de carácter penal de instancia pública oficial.
Sistema Nacional de Archivos
Asimismo archivó el proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, por estar en abierta contraposición con las disposiciones de los artículos 377 y 379 de la Carta Fundamental, porque desvincula la rectoría del Sistema Nacional de Culturas en lo que se refiere a la protección del Patrimonio Cultural del Estado.
Así lo señaló el legislador Mauro Andino, tras precisar que la Ley Nacional de Archivos publicada en el Registro Oficial 265 de 16 junio de 1982, se encuentra desactualizada con respecto a la Constitución y a la nueva estructura democrática del Estado.
Indicó que su revisión dependerá de lo que establezca la nueva Ley de Culturas, que regula todas las instancias del Sistema Nacional de Culturas, entre ellos el Sistema de Archivos Históricos del Ecuador como patrimonio del Estado.
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