La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira y el titular de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, destacaron que con aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento de Agua, se paga la deuda que tenía el Estado ecuatoriano con su población y que hoy constituye un día de festividad que marca un hito en el proceso de revolución y en la historia ecuatoriana.
Gabriela Rivadeneria destacó que fue el proceso de revolución ciudadana y un bloque mayoritario de asambleístas, gracia a la legitimidad y el respaldo que dio el pueblo, el que permitió tomar una decisión tan importante como es tener una nueva Ley de Recursos Hídricos y empezar la construcción de la revolución agraria en el país.
También indicó que a través de la consulta prelegislativa se logró el aporte de las organizaciones sociales, lo que fue fundamental y sustancial para la elaboración del texto definitivo de la ley, por lo que agradeció a todas las organizaciones que participaron en la construcción colectiva de la Ley de Aguas.
Al recordar que esta ley estuvo paralizada durante años, dijo que la aprobación se produce en plena fiesta del Inti Raymi, en pleno solsticio de verano, donde todas y todos los pueblos se juntan para agradecer no solo a la Pachamama, sino también al recurso agua por bendecirnos todos los días, para la cosecha de la soberanía alimentaria de todos los pueblos y nacionalidades.
También agradeció y felicitó a los gestores de la construcción colectiva de la ley, los integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria, presidida por el asambleísta Miguel Carvajal.
Ley histórica, democrática, participativa
Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, explicó que el plazo de un año que la Constitución dio para su aprobación, (que venció en el 2009), hoy se hace realidad. Era una tarea pendiente, desde antes de la aprobación de la Constitución, exigida por las organizaciones sociales, por el movimiento indígena, por el movimiento montubio, los afros y los pequeños agricultores, agregó.
Indicó que así como la Ley de 1972 definió y permitió que el agua sea un patrimonio nacional, no sujeta a privatización, también permitió que se desarrolle una institucionalidad caótica bajo la cual se dio todo tipo de abusos y de acaparamiento de este recurso.
Beneficios
Subrayó que con esta ley, se garantiza que el agua no sea privatizada; garantiza el acceso al agua como un derecho humano, que no puede ser esquilmado por ninguna razón política, religiosa, étnica, ni afectado por ningún cálculo político coyuntural.
“Esta es una ley que promueve y fortalece los sistemas comunitarios de agua, las Juntas de Riego, las Juntas de Agua Potable, sean éstas de indígenas, montubios y afros los titulares de derechos colectivos o sean de mestizos y campesinos que también administran juntas de riego, juntas de agua potable a lo largo y ancho del país”, recalcó.
Esta es una Ley que dispone una serie de medidas para que se destinen recursos a la conservación del agua, de bosques, páramos, humedales, a la protección de los ríos, las lagunas, dispone que en todas las tarifas debe existir un componente para la conservación de los recursos hídricos, precisó.
También prevé medidas administrativas claras para corregir las desigualdades sociales, producidas por el acaparamiento, que obligan a la legalización de los informales, a tener una institucionalidad que nos proteja a todos.
“Esta es una Ley histórica, democrática, participativa, responsable, ambientalista, que protege derechos colectivos e individuales” concluyó el asambleísta.
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