El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana desarrolla gestiones de manera conjunta con el Ministerio de Finanzas, con el fin de coordinar el fortalecimiento de la inclusión de la categoría de Movilidad Humana en el Clasificador de Orientación de Gasto de los presupuestos para el año 2015 de los ministerios e instituciones que cuentan con competencias en materia de movilidad humana.
La asambleísta Linda Machuca Moscoso, coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, señaló que se ha hecho un llamado a los ministerios vinculados a esta temática, entre ellos, Coordinador de Seguridad; Justicia y Derechos Humanos; Inclusión Económica y Social; del Interior; Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; además de la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, planteando la necesidad de reafirmar el compromiso de las instituciones para incorporar los instrumentos del Ministerio de Finanzas y fortalecer los presupuestos destinados a las políticas de igualdad en movilidad humana de conformidad con el Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Los asambleístas Dora Aguirre, Alex Guamán, Diego Vintimilla, Eduardo Zambrano, Miryam González y Armando Aguilar, subcoordinadores del Grupo Parlamentario, consideran fundamental el registro de los recursos asignados a las instituciones que trabajan en movilidad humana en los clasificadores orientadores de gasto en políticas de igualdad, con el objeto de visibilizar el trabajo que el Estado realiza en materia de equidad, facilitar la toma de decisiones, brindar insumos para formular política pública y facilitar la rendición de cuentas.
En días anteriores la Senplades presentó las Agendas Nacionales para la Igualdad, entre las que consta la Agenda de Igualdad para la Movilidad Humana (ANIMHU) en la que se resalta el papel fundamental de los migrantes ecuatorianos en el desarrollo social, económico y cultural de los lugares donde residen y su aporte a la economía ecuatoriana. Se señala además que no hay seres humanos ilegales. Se reconoce que el principio de ciudadanía universal sienta las bases para la progresiva eliminación de las desigualdades estructurales que excluyen a las personas en situación de movilidad humana.
