La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Dora Aguirre, al presentar los alcances y contenidos del proyecto de la Ley de la Defensoría del Pueblo, resaltó que cualquier persona, comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad o colectivo, de forma verbal o escrita, podrá dar a conocer a la Defensoría del Pueblo los casos o situaciones de amenaza o violación a cualquier derecho fundamental, para lo que, de ser necesario, podrá contar con un traductor o intérprete, siendo opcional el patrocinio de una abogada o abogado.
En línea con lo indicado, dijo, los casos de competencia de la Defensoría del Pueblo serán tramitados en forma rápida y oportuna, procurando la oralidad, sin la exigencia de formalidades que retarden o impidan la resolución del caso que se plantee.
Objeto
El proyecto tiene como objetivo regular las atribuciones, la estructura y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo, con el fin de promover, proteger y tutelar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, como son, entre otros, la libertad, la igualdad y la integridad, así como los inherentes a la naturaleza, incorporados en la Constitución de Montecristi.
La normativa amplía el ámbito de aplicación de la ley, abarcando no solo al territorio nacional, sino también a la protección y tutela de los ecuatorianos en el exterior, incorporando además principios de aplicación de la ley basados en estándares internacionales de derechos humanos para fortalecer la acción institucional.
Es necesaria una Ley de la Defensoría del Pueblo, porque la vigente data de 1997, porque la ciudadanía requiere que este órgano, proteccionista y garantista de derechos fundamentales cuente con un respaldo jurídico que avale sus gestiones y, a través de lo indicado, permita el efectivo ejercicio de tales derechos y porque es deber fundamental del Estado garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República.
Aspectos innovadores
La legisladora anotó como aspectos innovadores a la medida de cumplimiento obligatorio e inmediato; la protección contra la impunidad; adecua la legislación interna a las disposiciones de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo, aspecto necesario para que el Ecuador implemente un mecanismo nacional de prevención de la tortura.
El proyecto propone un enfoque de consumo responsable y solidario, pretendiendo una atención al cliente con calidad, calidez, eficacia, eficiencia, buen trato; en este marco, instituye el registro de proveedores de bienes y servicios, estableciendo el proceso de tratamiento, respuesta y sanciones a quienes transgredan derechos de usuarios y consumidores, lo que permitirá medir el nivel de satisfacción de usuarios y consumidores, en relación a los bienes y servicios provistos tanto por el sector público como por el privado, verificando además el trámite adoptado y soluciones implementadas ante las quejas de usuarios y consumidores, así como la aplicación de sanciones; para ello dispone a los proveedores de bienes y servicios la obligación de incorporar un registro de reclamos que deberá estar permanentemente a disposición del usuario y consumidor.
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