La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, al sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional el allanamiento a la objeción presidencial al proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para la administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, argumentó que se refiere a dos aspectos de forma que no afectan el contenido ni la esencia de la propuesta que garantiza la propiedad, los derechos y la buena administración de los ahorros de miles de partícipes.
Con ello, sostuvo, se asegura un marco regulatorio que permite a los partícipes conocer la realidad en el manejo de sus cuentas; verificar su estado a cualquier hora; conocer el destino de las inversiones realizadas con sus aportes; apreciar el valor de su capital y el valor de sus rendimientos; acceder a beneficios que jamás pudieron tener cuando su plata estaba en manos privadas y servía para edificar viviendas o departamentos carísimos, lejanos para su economía.
Explicó que es pertinente la primera objeción, referente al artículo 12 que faculta al Consejo Directivo del BIESS proponer a los directivos del IESS proyectos de reformas a su ley y ejecutar los ajustes necesarios a los estudios actuariales para el cumplimiento de las prestaciones complementarias de jubilación u otros, que se hayan acordado en cada uno de los fondos; y, las demás que sean inherentes a sus funciones”.
En cuanto a la segunda objeción, que incorpora la disposición transitoria décimo primera, para cambiar el término coadministrador por el de interventor de los fondos complementarios cerrados, Betty Carrillo, manifestó que la sugerencias es procedente, ya que inicialmente utilizaron la figura del coadministrador, sin embargo, ello implicaría que un ente regulador como la Superintendencia de Bancos, asuma funciones en la administración, lo cual generaría una percepción equivocada.
Indicó que en pro de garantizar que la interpretación sea la correcta y se garantice el control, la objetividad y la imparcialidad, utilizaron la figura del Interventor, determinándose entonces, que la Superintendencia de Bancos desde el inicio de las auditorías hasta la transferencia efectiva de los recursos de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, designará un interventor (…).”.
Figura del interventor
Aclaró que la figura del interventor permite dar seguimiento a los procesos administrativos, financieros, contables de cada uno de los fondos a través de un análisis técnico, objetivo e imparcial. El interventor será elegido en un proceso de méritos y oposición para responder a las demandas de los partícipes que solicitaron, transparencia y control de forma radical.
Betty Carrillo aseveró que, la cesantía representa para una persona la garantía del bienestar futuro y por ende no se puede dejar que dichos fondos no estén sujetos al control público o se inviertan en el mercado sin otro criterio que la rentabilidad.
Sostuvo que la seguridad social por principio es solidaridad para toda la sociedad y no para un grupo cerrado o menos aún clientelar.
Precisó, que esta norma responde a las necesidades de la ciudadanía como de la Asociación de Jubilados de Petrocomercial; Confederación Nacional de Servidores Públicos; Servidores Judiciales a nivel nacional; Asociación de Rectores de los Colegios Fiscales de Pichincha; Maestros de la Red de Maestros en todo el país.
Legislación responsable
Por último, dijo que las prestaciones de seguridad social como las de cesantía, recobran el sentido de un deber público y vigilarán y fiscalizarán para garantizar una seguridad social para ciudadanos, no para clientes, prestaciones de cesantía que beneficien a los partícipes y no a los accionistas, un ahorro de hoy como garantía del mañana, una Seguridad Social como deber primordial del Estado, como derecho fundamental de los ecuatorianos, como sinónimo del bienestar integral y como manifestación tangible del buen vivir.
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