Tras la sustentación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, el asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, destacó que la norma delimita claras competencias de la Autoridad Ambiental, del Consejo de Gobierno y Gobiernos Autónomos Descentralizados.
Indicó que se regula el régimen especial de la provincia de Galápagos y se instituye el régimen jurídico administrativo al que se sujetarán, en el ámbito de sus competencias, las instituciones y organismos del Estado.
Argumentó que la ley establece preferencia para residentes permanentes en otorgamiento de permisos de operación turística; tarifas preferenciales en pasajes aéreos para residentes permanentes y/o temporales (20 cupos por vuelo).
Veinte años en permiso de operación y no más de un permiso por persona natural o jurídica; contratos de trabajo para residentes temporales por tiempo determinado y ante un solo empleador.
Explicó que según la normativa los servidores públicos no podrán tener nombramiento definitivo si no son residentes permanentes; la actividad pesquera artesanal será solo para residentes permanentes y se fija una tabla diferenciada para la deducción de gastos personales por parte del Servicio de Rentas Internas.
Agregó que los servidores públicos de Galápagos están obligados a aprobar un curso sobre conservación de recursos naturales, protección ambiental y desarrollo sustentable.
Richard Calderón informó que el padrón electoral, será solo para residentes permanentes y para temporales con 2 años de estadía antes de la emisión del padrón.
Añadió que se dispone la imprescriptibilidad de acciones que ocasionen impactos ambientales graves o irreversibles; cada GAD de la provincia de Galápagos tendrá un incremento del 100% en cada uno de los valores que se deducirán del monto global que será entregado a los gobiernos autónomos descentralizados.
El legislador indicó que Pleno del Consejo de Gobierno, será el organismo colegiado del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, conformado por los representantes de la Función Ejecutiva y de los gobiernos autónomos descentralizados de Galápagos.
Añadió que se propone que la Autoridad Nacional Ambiental se encargue de delimitar y actualizar el área del Parque Nacional Galápagos de conformidad con la ley; la reserva marina, comprende toda la zona marina dentro de una franja de cuarenta millas náuticas medidas a partir de las líneas de base del Archipiélago y las aguas interiores.
El área marina de protección especial, es el área de protección mínima de sesenta millas náuticas, a partir de la línea de base del Archipiélago para regular el transporte de productos tóxicos o de alto riesgo en esa zona.
El documento, también prevé que los planes especiales de carácter estratégico y planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio, incluidos los planes de manejo de las áreas protegidas, contengan lineamientos especiales para la provincia de Galápagos.
Los niveles de gobierno municipal y parroquial rural de Galápagos elaborarán sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial y sus planes complementarios, con estricto apego a lo establecido en el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos, y en la planificación nacional, según el proyecto.
Crea normas para el control de inversiones, pesca artesanal comercial, turismo sostenible, actividades agropecuarias y artesanales.
Por último, Richard Calderón recordó que el 18 de marzo de 1998 se promulgó la Ley del Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos y que con la expedición de la Constitución de 1998, se ratificó e incorporó como disposición constitucional la existencia del Régimen Especial de Galápagos.
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