La Comisión de Gobiernos Autónomos recibirá mañana, a las 09h30 a la asambleísta Ximena Ponce, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, quien dará sus aportes al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Como se recuerda el proyecto fue tramitado en primer debate el pasado 24 de marzo y la Comisión de Gobiernos Autónomos debe preparar el informe para segundo debate.
En el análisis del proyecto los parlamentarios señalaron que existen muchos problemas vinculados con la especulación del suelo, por lo que es necesario buscar mecanismos para concretar la inversión pública desde los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno central, precautelando los derechos de los ciudadanos, entre otros aspectos.
A través del cuerpo legal se busca solucionar los problemas vinculados con la especulación del suelo que limitan la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de las obras públicas impulsadas por el gobierno central.
Además, crea mecanismos que permitan al gobierno central recuperar parte de la plusvalía generada por la realización de las obras públicas, así como homologar las disposiciones sobre expropiaciones contenidas en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Así mismo, incorpora un nuevo procedimiento para la contratación integral a precio fijo de obras con diseño homologado.
Posteriormente, los legisladores continuarán el análisis del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles que tiene por objetivo regular el registro de los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y su identificación.
De esta manera se trata de asegurar el ejercicio del derecho a la identidad de las personas; precautelar la situación jurídica entre el Estado y las personas naturales dentro de sus relaciones de familia; proteger el registro de los hechos y actos civiles de las personas, la confiabilidad de la información personal, entre otros aspectos.
A través de la normativa se crea el Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, adscrito al Ministerio rector del sector, con personalidad jurídica de derecho público, autonomía administrativa, técnica, económica, financiera y patrimonio propio.
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