En la sesión 326 del Pleno, parlamentarios de distintas tiendas partidistas dieron sus criterios respecto de las reformas al Código Integral Penal que está orientado a sancionar la falsificación de marcas y piratería lesiva a los derechos de autor. Los legisladores centraron su debate en ubicar estas actividades como contravenciones, mas no como un delito; sin embargo, dijeron que es necesario tomar en cuenta las reglas de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Dijeron estar de acuerdo que se sancione a los grandes “piratas”, a las grandes empresas que se dedican al comercio ilícito, pero que se proteja a los comerciantes minoristas, quienes están en las calles ganando su sustento diario. Por ello pidieron se defina con claridad el término “escala comercial” y establecer escalas diferentes de comercio.
El asambleísta Diego Vintimilla señaló que el proyecto de reformas al COIP tiene un problema en la conceptualización de “escala comercial”, por tanto, hay que clarificar este término, a la vez que solicitó se indique cuál es el fundamento de castigar con pena privativa de libertad la falsificación de marcas y piratería lesiva. Sugirió se elimine la pena privativa de libertad por delitos de falsificación de marcas y piratería lesiva.
De su lado el legislador Luis Tapia recordó que varios legisladores y la sociedad plantearon la necesidad de ubicar en la categoría de delito los atentados contra la propiedad intelectual puesto que al ser un bien protegido resulta altamente cuestionable que la inobservancia a los derechos patrimoniales y morales provenientes de los derechos de autor se desprendan exclusivamente de un proceso de carácter administrativo y no el carácter penal que se plantea. Hay que clarificar el término “escala comercial” porque de lo contrario se terminará sancionando a comerciantes de libros o discos piratas y no a los que producen, añadió.
Entre tanto, la vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Gina Godoy, dijo que las reformas al COIP son trascendentales en materia de avanzar en sanciones contra la violencia psicológica. Respecto a propiedad intelectual expresó que el tipo penal no debe tener como sanción la privación de libertad, pero sí medidas cautelares, pues “no queremos perseguir como delincuentes a los pequeños comerciantes sino a los que producen”.
La legisladora María Augusta Calle manifestó que lamentablemente si les van a perseguir a los pequeños comerciantes, vendedores de CDs o de pantalones tipo jean, a la vez que subrayó que las multas propuestas son excesivas. Sugirió invitar a dirigentes del movimiento mundial sobre acceso libre para romper paradigmas y debatir ampliamente el tema.
Luis Fernando Torres señaló que los ciudadanos que subsisten con la venta de videos no deben ser sancionados, al tiempo de precisar que ciertos informes internacionales le han puesto al país como un espacio ideal para la piratería por ello hay que ver si la reforma es suficiente para que Ecuador pueda asegurar que se respeten las reglas internacionales.
En cambio, la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga manifestó que atendiendo parámetros de proporcionalidad y gradualidad respecto del daño que ha provocado la conducta antijurídica, la Comisión de Justicia analizó las conductas que pueden ir en detrimento de la economía de comerciantes minoristas. Si bien en el proyecto se establecieron montos de la mercadería para establecer la sanción, los mismos pueden resultar cortos para la realidad económica de estos comerciantes. Afirmó que esta infracción debe ser considera como una contravención mas no como un delito.
Raúl Patiño subrayó que no hay que crear una normativa que permita la persecución a pequeños comerciantes. Este es un asunto civil y comercial y no se puede perseguir como delincuentes a pequeños comerciantes. Fausto Terán pidió clarificar el término “escala comercial”, ya que hay que sancionar al que produce, reproduce y distribuye a gran escala; mientras que el parlamentario Gastón Gagliardo indicó que en la actualidad, la piratería se la ve, lamentablemente, como algo muy normal y no lo es. En las reformas se debe incorporar a personas que importen o exporten mercancía falsificada, agregó.
En cambio, el parlamentario Patricio Donoso señaló que Ecuador tiene que cumplir el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relativos al comercio, lo cual permitirá generar empleos para la ciudadanía y apoyar al emprendimiento productivo.
La primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, señaló que según la UNESCO el origen de la piratería está en la demanda de bienes culturales y el alto costo de los mismos, por lo que es necesario esforzarse para que el derecho a propiedad intelectual y derecho al trabajo coexistan. Clarificó que no estamos obligados a incorporar en la normativa ecuatoriana los dos sistemas sancionatorios: delito y contravención conforme a la regulación internacional.
El legislador René Yandún subrayó que se requiere identificar a los responsables de grandes falsificaciones y piratería que causan graves problemas al país. La falsificación de marcas y piratería tiene que ser tipificada de manera diferente, añadió. Rosa Elvira Muñoz sostuvo que por encima de los tratados internacionales de comercio están los derechos humanos al defender el trabajo de pequeños comerciantes, especialmente de Chimborazo.
De su lado, el parlamentario Ramiro Aguilar dijo que comparte la preocupación por pena privativa de libertad a vendedores informales, pues de hecho la sociedad despenalizó la piratería, por lo que no hay que pasar la carga de la responsabilidad a personas que tratan de sobrevivir. La legisladora Mariangel Muñoz, dijo que es la oportunidad para establecer sanciones proporcionales, pecuniarias y no de privación de libertad.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, al dar por terminado el primer debate de este tema, recordó a los parlamentarios que tienen tres días para presentar sus observaciones a efectos de que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado prepare el informe para segundo debate.
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