La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, en el marco de sus atribuciones de fiscalización y control político, recibió del Superintendente de Bancos y Seguros, Christian Cruz, información relacionada con la aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.
El funcionario presentó el informe sobre el proceso de avance en las auditorias de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados y de manera particular con los Fondos del Magisterio.
Cristian Cruz explicó que la Superintendencia de Bancos ha registrado en su catastro 68 fondos complementarios previsionales cerrados, mismos que tienen alrededor de 229 mil partícipes en total y administran cerca de 1.195 millones de dólares en el total de activos.
Informó que en el año 2014 la institución realizó todo el proceso precontractual y contractual estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y procedió a la contratación de 37 auditorías para 37 fondos complementarios previsionales cerrados. Se dividió el total de los 68 fondos complementarios en 8 grandes grupos, 5 de ellos fueron adjudicados procesos de auditoría en el año 2014.
Señaló que en cada uno de los grupos se distribuyeron de manera equitativa fondos complementarios pequeños, medianos y grandes, de tal manera que dentro de los plazos estipulados en cada uno de los contratos se pueda cumplir lo solicitado.
Así mismo, dijo que para el grupo uno, la fecha de entrega y finalización de las auditorias es el 30 de junio del 2015; el grupo dos el 28 de mayo; el cinco, el 1 de mayo de 2015; el seis, finalizó el 25 de abril y el nueve finaliza el 24 de mayo de este año. Adicional a ello, se hizo la adjudicación a los 4 grupos restantes por 31 fondos complementarios cerrados.
El Superintendente manifestó que en cada uno de los 9 grupos se ha designado un interventor, quien responde por los intereses de los partícipes, tiene capacidad de veto en las decisiones que tomen los actuales administradores siempre velando y precautelando el interés de los partícipes.
También indicó que se ha solicitado a todas las empresas auditoras que realizan los procesos en los 68 fondos complementarios cerrados y como parte de los productos a entregar se haga conocer si existieron aportes estatales y en función de ello la Superintendencia informará tanto a la Junta como al Biess cuáles de estos fondos pasarán a ser administrados por el Banco del IESS.
Fondo de Cesantía del Magisterio
Ante varias denuncias presentadas en la Comisión de los Trabajadores, en torno al manejo de los fondos de cesantía del Magisterio, los asambleístas consultaron al funcionario sobre el proceso de intervención a este fondo.
El funcionario adelantó, que la auditora, que es una empresa privada, que realiza su trabajo de forma independiente entregará el informe final en elplazo previsto en el contrato.
Como antecedentes mencionó que el Fondo de Cesantía del Magisterio fue constituido el 25 de septiembre de 1991 y su intervención inició el 19 de diciembre del 2014 y actualmente cuenta con 121. 533 partícipes.
Expresó que el fondo a diciembre del 2014 contaba con 405 millones de dólares, distribuidos: el 40% del total de los activos están en las inversiones privativas (que son los créditos a los partícipes), y asciende a 163.7 millones de dólares.
En lo que se refiere a inversiones en proyectos inmobiliarios está el 25% del total de activos por 101 millones de dólares y el 20% de los activos están en inversiones no privativas.
Dentro de los hallazgos se refirió al proyecto hidroeléctrico Sabanilla, a proveedores, al proceso de contratación de seguros, gastos publicitarios, refrigerios y personal. Sobre el proyecto hidroeléctrico Sabanilla sostuvo que un grupo del miembros del directorio del FCME, y otras personas constituyeron a título personal el fidecomiso del magisterio energía renovable, con el fin de adquirir acciones de la compañía Hidrelgen S.A, la misma que era la titular para el permiso y operación del referido proyecto.
Este pedido de la Comisión responde, además, a que el Código Orgánico Financiero dispone que en el plazo de 180 días, a partir de la vigencia de la Ley, la Superintendencia de Bancos debe realizar auditorías externas a los fondos complementarios.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Betty Carrillo, advirtió que los mecanismos de fiscalización deben ejercerse con absoluta transparencia, por tanto el Superintendente de Bancos responderá por el cumplimiento de la ley en el ámbito de sus competencias.
En esta sesión estuvieron presentes Carlos Andrés Bastidas, coordinador nacional de las veedurías de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados; Luis Luzcando, Presidente del Fondo de Jubilación de Pretrocomercial; Eliseo García, Presidente de la Federación Nacional de Judiciales del Ecuador
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