La Asamblea Nacional, en cumplimiento de la Constitución, ejerce a plenitud la función de fiscalización y control político de forma responsable, ética y participativa, dando seguimiento a las políticas públicas y a la revisión periódica del nivel de cumplimiento de los indicadores de gestión en distintas entidades del Estado. Como muestra, se han tramitado -a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional- un total de 1972 solicitudes de información a las funciones Ejecutiva, Electoral, Transparencia y Control Social y demás órganos del poder público, a fin de que cumplan lo que las leyes y la Constitución determinan.
La Constitución de la República, en su artículo 120 numeral 9, señala que la Asamblea Nacional tendrá como una de sus atribuciones fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral, de Transparencia y Control Social y los otros órganos del poder público así como requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.
En ejercicio de la atribución señalada, en este período legislativo se ha priorizado la reestructuración del proceso fiscalizador político, por medio del establecimiento de procedimientos adecuados y del fortalecimiento de la gestión de flujos de información certificada, producto de las solicitudes que las y los asambleístas han realizado, a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional, órgano que, conforme el artículo 12, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Asamblea Nacional.
