El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, informó sobre los 106 informes remitidos por la Contraloría General del Estado a esta institución, relacionados con los casos de indicios de responsabilidad penal determinados en la declaratoria de emergencia en la provincia de Esmeraldas. Chiriboga dijo que 98 de esos textos, es decir el 92%, se concentran en el cantón Muisne y 93 de ellos corresponden al gobierno autónomo descentralizado y gozan de fuero de corte.
Estas declaraciones las realizó en la Comisión de Fiscalización a donde acudió para que explique sobre el estado de los referidos informes, la implementación del modelo de gestión para el seguimiento de las causas relacionadas con los casos de indicios de responsabilidad penal y el rol de la Fiscalía frente a la intercepción de comunicaciones o datos informáticos.
En cuanto al primer tema el Fiscal también explicó que en el restante 8% se encuentran casos de colegios, la Empresa de Agua Potable de San Mateo, la Prefectura de Esmeraldas y otras entidades públicas. Dijo que la mayoría de ellos se encuentran en investigación previa, lo que implica que se han realizado investigaciones y notificaciones; se han recogido versiones de los investigados, del equipo de auditoría; reconocimiento del lugar de los hechos y se han solicitado ternas para los peritos contables.
Precisamente, serán esos peritos contables los que determinen la cuantía de los perjuicios. Sin embargo, mencionó que se presume que en 47 indicios las sumas van desde 150 a 6 mil dólares.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, solicitó al Fiscal tender puentes entre las diferentes instituciones, como la Contraloría, para determinar los mecanismos que permitan generar celeridad procesal. También lo comprometió a participar en un taller que organizará el ente legislativo en el que se analizarán los errores y soluciones institucionales, legales y reglamentarias que permitan avanzar en la lucha contra la corrupción.
Modelo de gestión
En cuanto a la creación e implementación del modelo de gestión, Chiriboga expuso que todos los indicios de responsabilidad penal son ahora registrados en un sistema informático, posteriormente la Fiscalía General sortea los casos a nivel nacional de manera aleatoria a través del sistema y que todos los informes son enviados al despacho del Fiscal para su control y seguimiento.
De igual manera informó que dicho sistema informático reporta el estado procesal actual, el fiscal que está a cargo de esas investigaciones, los impulsos realizados por cada uno de ellos y las estadísticas de todos los casos.
Intercepción de comunicaciones
El Fiscal Galo Chiriboga mencionó enfáticamente que en el país no existen acciones de escucha a los ciudadanos ecuatorianos. Para verificar este hecho manifestó que solicitó a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) para que nombre equipos de investigación y presente informes sobre todas las escuchas, que determine a quién se realizó, en qué indagación, que juez autorizó y cuál fue el resultado. Sostuvo que esta institución ya nombró a dichos equipos y comenzó a trabajar hoy.
Chiriboga explicó que cuando se habla de intecepción de comunicaciones existe vulneración del derecho constitucional a la intimidad. Sin embargo, si se puede vulnerar ese derecho, mediante una norma jurídica que lo facilite, aseveró, tras indicar que en el país lo permite hacer el Código Orgánico Integral Penal (Coip), pero no es para saber lo que dice cierta persona, sino para investigar delitos graves como trata de personas, crimen organizado, tráfico de estupefacientes o armas, entre otras causas. Existe un criterio de proporcionalidad de los casos, afirmó.
Por su parte, María José Carrión, solicitó al Fiscal que cuando la investigación de este tema haya llegado a su término les haga llegar a la Comisión de Fiscalización, a fin de realizar el seguimiento respectivo.
LM/pv
