En el contexto del diálogo por la justicia social y equidad, los dirigentes de múltiples organizaciones de trabajadores coincidieron en restar calidad moral a los grupos de derecha para abanderarse de las luchas y conquistas de los obreros ecuatorianos y pretender aparecer como defensores de sus derechos.
Un tema de análisis fue la enmienda constitucional y la sindicalización en el sector público y la contratación colectiva. En todo, anunciaron su total apertura para las distintas jornadas de diálogo como herramienta para buscar mejores días a favor de la clase trabajadora del país, evitando medidas de hecho que puedan poner en riesgo la democracia, al tiempo de señalar la impostergable necesidad de promover un nuevo Código Integral de Trabajo.
Marcelo Solórzano, de la Confederación de Trabajadores Públicos del Ecuador, señaló que la enmienda a los artículos 229 y 326 de la Carta Magna es contraria al contenido de los artículos 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referida a la garantía de libertad de asociación sindical y de contratación colectiva.
Virgilio Suárez, de la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Social, invocó a desistir el tratamiento de las enmiendas contenidas en los artículos 10 y 11 y su disposición transitoria única. También advirtió que se ha congelado el incentivo de jubilación tomando como base el salario básico del año 2015.
Joaquín Chaluiza, de los Trabajadores del Ministerio de Salud, comentó que este gran proceso de cambios que vive la nación puede caerse si no comenzamos un diálogo serio, de negociaciones. La derecha no puede asumir el papel histórico de la defensa de los derechos de los obreros, precisó.
Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral, habló que el inicio del diálogo tiene que cimentar las bases de confianza para poder avanzar en hechos importantes, al subrayar que hay una puerta abierta para posibles despidos intempestivos cuando, de pronto, los dirigentes sindicales dejen sus cargos y las mujeres ya no estén en condición de embarazadas.
Henry Montaño, del Sindicato de Trabajadores de Petroecuador, dijo que participan en el diálogo para la plena confianza que los resultados del mismo permitirán mejorar y ampliar los derechos de los obreros. Al eliminar a los sindicatos se eliminará a la primera línea de defensa de la riqueza nacional, pues fuimos quienes impedimos todo intento de privatización de las eléctricas, de las telefónicas, del petróleo, añadió.
John Reyes, secretario del Comité de Empresa de los Trabajadores Petroleros, destacó el cambio radical en los contratos petroleros a favor del país por parte del gobierno, ya que antes las transnacionales se llevaban el 80% y el Ecuador tan solo recibía el 20%, tras convocar a respaldar el diálogo y, lo que es más, enfrentar los intentos de desestabilización.
Gustavo Zurita, de las Central de Trabajadores Autónomos, mencionó que el Estado tiene una deuda pendiente con ellos y es hora de que se les reconozca la seguridad en sus puestos y la seguridad social, considerando que son el 49,35% de la población económicamente activa.
Liliana Durán, del Foro de Mujeres de la Central Unitaria de Trabajadores, resaltó la lucha constante de miles de lideresas que han marcado la presencia en la vida política y sindical, dejando atrás brechas de desigualdad y exclusión. Aseguró que en ciertas empresas, particularmente de flores, se exige prueba de embarazo previo a la contratación de personal.
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