Con 9 votos a favor, dos abstenciones, la Comisión del Derecho a la Salud aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
Los votos a favor fueron de los asambleístas William Garzón, Richard Farfán, María Alejandra Vicuña, María José Carrión, Blanca Argüello, Verónica Guevara, Bayron Pacheco, Francisco Estarellas, Víctor Medina. Las abstenciones de María Cristina Kronfle Gómez y Paco Fierro.
El proyecto plasma la visión, misión y objetivos de una moderna institucionalidad que administre temas tan delicados y de tanta importancia para el interés nacional, ubicando a la Secretaría Técnica de Drogas como entidad adscrita a la Presidencia de la República, instancia superior que, en base a sus facultades y atribuciones constitucionales y legales integraría el Comité Interinstitucional, con participación activa e intersectorial de al menos las entidades del estado en materias de salud, educación, inclusión social, seguridad interna y justicia.
El Comité de ese modo integrado tendría como facultad primordial la formulación, coordinación y articulación de las políticas públicas relacionadas con el fenómeno socio económico de las drogas y la vigilancia y evaluación de su implementación intersectorial y articulada y del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales de la Secretaría Técnica de Drogas.
En este informe para segundo debate, sustancialmente se fortaleció el tema de la prevención de drogas; se incrementaron las sanciones para le micro y mediano tráfico; se estableció un mayor período de transición de las competencias que actualmente tiene el CONSEP, a la nueva institucionalidad que es la Secretaría Técnica, que son 90 días a partir de la publicación en el Registro Oficial.
Asimismo en el control de medicamentos que contengan sicotrópicos, se puso un plazo mayor de 6 meses para que haya una transición ordenada, adecuada y suficiente en capacitación, transferencia de tecnología y conocimiento para que la autoridad en materia de drogas pase a la Autoridad Sanitaria Nacional este tipo de control.
Fija la obligación del Estado de promover un modelo de intervención que incluya estrategias en áreas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, que tenga como finalidad disminuir los efectos nocivos del uso y consumo de drogas y los riesgos y daños asociados, a nivel individual, familiar y comunitario. Dichas acciones deberán contar con información técnica oportuna que promueva una educación sanitaria adecuada.
Según el informe, la aprobación del Código Orgánico Integral Penal se constituyó en la piedra angular y en punto de inflexión para instrumentar un nuevo enfoque en la construcción de legislación especializada que norme la relación de las personas con el fenómeno socio económico de las drogas y con las actividades relacionadas con la producción, importación, exportación, comercialización, distribución, transporte, prestación de servicios industriales, reciclaje, reutilización, uso y consumo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Incorpora una reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, en materia de tráfico y microtráfico estableciendo la sanción que en principio estaba en cantidades mínimas de tráfico de dos a seis meses a una escala de uno a tres años; y en cantidades medianas que estaba de 6 meses a 1 año, pasaría de tres a cinco años. Es decir hay un incremento en la privación de libertad para temas de narcotráfico, evitando, además, dictar medidas de prisión preventiva.
El proyecto contiene cinco capítulos, seis secciones, 43 artículos, siete disposiciones generales, catorce disposiciones transitorias, dos disposiciones reformatorias, cuatro disposiciones derogatorias y una disposición final.
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