Varias autoridades y actores sociales acudieron a la Comisión de Régimen Económico para hacer propuestas respecto al proyecto de reformas a la Ley de Economía Popular y Solidaria. Esta entidad recepta planteamientos de los diferentes sectores para la construcción del informe para primer debate..
En esta ocasión acudió el Superintendente de Economía Popular y Solidaria (SEPS), Hugo Jácome, quien dijo que después de la aplicación de la ley, hace tres años, desde su institución se considera que es tiempo prudencial para reflexionar y determinar qué elementos se están adaptando o no a la problemática de la economía popular y solidaria, así como a las diferentes realidades.
En este marco, propuso seis reformas a la normativa. En el artículo 121 planteó que las organizaciones que construyan organismos de integración representativa o económica lo puedan hacer de manera abierta y no con el carácter local, provincial, regional y nacional, como establece la ley actual. Reflexionó que esta última medida se ha constituido en una camisa de fuerza, porque la dinámica social permite que existan también redes y uniones que no responden a esa estructura.
Por otra parte, sugirió que, en el artículo 5, se defina de una manera clara sobre lo que constituye un acto solidario. Piensa que la misma tiene que ver con los actos que se efectúan entre los miembros de las organizaciones. En cambio, sobre la conformación del sector asociativo, plasmado en el artículo 18, considera que el mismo puede integrase no solo por personas naturales, sino también jurídicas.
Otro de los cambios que propone Jácome es en el tema relacionado con los montos mínimos de capital social y número de integrantes para las cooperativas del sector no financiero, así como para las de ahorro y crédito. Plantea que esos rubros y el número de personas los debe definir el Ministerio Coordinador de Desarrollo y la Junta de Política y Regulación Monetaria, respectivamente. El funcionario cree que este sistema debe ser más flexible, según la realidad económica de ciertos sectores del país.
Así mismo, expresó que la institucionalidad para la promoción y fomento de las organizaciones de la economía popular y solidaria debe estar bajo la coordinación del sector económico o productivo.
A la comisión también asistió la Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, para explicar la realidad de los registros de organizaciones del sector de la economía solidaria en esta institución. La funcionaria mencionó que se ha avanzado en la inscripción y en la actualidad cuentan con una nómina de ocho mil asociaciones y organizaciones comunitarias, entre otras entidades.
Informó que también se avanza en el Registro Público para el registro de las unidades económicas populares. Explicó que se ha discutido con los propios sectores sociales su caracterización, diferenciación y conceptualización y que continúa la implementación del sistema, mismo que tendrá la característica de cruzar datos con otras instituciones como el Servicio de Rentas Internas (SRI), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Junta Nacional de Defensa del Artesano y otras entidades, con el fin de mejorar los procesos y la tramitología.
La Ministra sostuvo que desde esta entidad también se estudia la posibilidad y pertinencia de que esas unidades económicas puedan acceder a ventajas sociales como aranceles y seguridad social.
Después de escuchar a los funcionarios estatales y otros actores sociales, el presidente de la Comisión, Virgilio Hernández, explicó que el propósito es escuchar los criterios de los diferentes sectores involucrados para realizar un debate lo más amplio posible. En los próximos días la mesa recibirá a representantes de otros sectores.
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