Ante los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico, autoridades de los gremios empresariales y productivos del país coincidieron en reconocer la importancia y trascendencia del proyecto urgente de Ley de Incentivos para las Asociaciones Público Privadas y la Inversión Extranjera, al tiempo de formular algunas observaciones y aportes para mejorar su texto.
Roberto Aspiazu, del Comité Ecuatoriano Empresarial, manifestó que el cuerpo legal es una respuesta a una necesidad y cumple el objetivo estratégico de privilegiar la inversión antes que contraer nueva deuda.
Precisó que la ejecución de estos proyectos no debe suponer una competencia desleal con actores económicos establecidos que se verían en franca desventaja, hay que garantizar igualdad de oportunidades y condiciones. Lo principal para el éxito es la garantía de capital, los proyectos de obra pública deben ser objeto de bancarización, es decir, los promotores deben obtener el financiamiento de la banca extranjera, sin perjuicio que esta pueda asociarse también con la banca nacional, enfatizó.
Unidad para salir adelante
Ricardo Estrada, presidente Ejecutivo de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) expresó que esto es una muestra que los sectores público y privado se necesitan para salir adelante. Y, son justo en estos momentos de crisis en los que las alianzas deben fortalecerse y cumplir objetivos y metas nacionales, agregó.
Habló que es clave vincular y articular en la ley al Consejo Consultivo de la Producción, que no quede sujeto a la presencia o buena voluntad de alguien, tras pedir que se defina también claramente la inclusión de los sectores estratégicos, que permita afianzar el desarrollo de las hidroeléctricas con el apoyo de la empresa privada.
Una oportunidad
Entre tanto, Enrique Pita, de la Cámara de Construcción de Guayaquil, dijo que es trascendental este tipo de alianzas; es una oportunidad para quienes estamos inmersos en la actividad de la construcción, para desarrollar obras que muchas veces el Estado no ha podido acometer por restricciones económicas.
Las alianzas público privadas se cumplen exitosamente en la mayoría de países de América Latina, incluso donde no han pasado apremios económicos como Perú, Colombia y Brasil, argumentó.
Planteó clarificar la profundidad mínima que debe tener la iniciativa y derechos del iniciador aceptado (recuperación del costo del proyecto, ventajas en el concurso); detallar criterios de evaluación (sostenibilidad fiscal, asignación equitativa de riesgos entre los contratantes, valor por dinero, cobertura obligatoria en áreas menos favorecidas); fijar la participación del sector nacional respecto al desarrollo de obra pública.
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