La ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, fue la primera funcionaria del gobierno central que explicó a la Comisión de Desarrollo Económico el propósito del proyecto de Ley de Incentivos para las Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera. Esta mesa invitó este lunes a diversos actores del régimen y del sector privado para escuchar sus argumentos y planteamientos en torno a la iniciativa, enviada por el Ejecutivo, con el carácter de económico urgente, el pasado 28 de septiembre.
Dinamizar la economía a través de la atracción de inversión extranjera o nacional es el principal eje de esta normativa, dijo Nathalie Cely, criterio que antes ya lo había advertido la presidenta de la comisión, Lídice Larrea, quien además enfatizó en la consecuente creación de fuentes de empleo.
Los otros objetivos apuntan a incrementar la liquidez y competitividad de las empresas, a través de exenciones de Impuesto a la Renta (IR); del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD; del fomento de transacciones en mercado de valores; y, de la reducción de costos de transacción generados por excesivos trámites, entre otras medidas. Así mismo, busca incrementar la eficiencia de las empresas públicas, con la generación de nuevos instrumentos de asociación pública-privada.
La ministra explicó que la ley aplica a proyectos públicos ejecutados a través asociaciones público-privadas, pero aclaró que prohíbe la participación de cualquier empresa cuando haya conflicto de intereses. Estas alianzas podrán aplicar a la construcción, operación, equipamiento y mantenimiento de una obra pública nueva, así como de una existente, cuando ésta lo requiera en cualquiera de esos ámbitos. También estarán facultados para la construcción y comercialización de viviendas de interés social; en desarrollo urbano; en actividades productivas; y, de investigación.
No obstante, expuso que se creará un Comité Interinstitucional, que, entre otras acciones, calificará los proyectos prioritarios y determinará qué beneficios tributarios son aplicables o no. La evaluación, estructuración y ejecución de los mismos se lo hará de acuerdo con la sostenibilidad fiscal, la distribución adecuada de riesgos, el respeto a los intereses y derechos de los usuarios, los derechos de propiedad, así como la garantía e inclusión social. Manifestó que para la aplicación de estas normativas se garantiza estabilidad jurídica y solución de controversias.
Por último, mencionó que el proyecto también establece otros incentivos. Por ejemplo, para el sector minero será aplicable el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los períodos correspondientes a partir del 1 de enero del 2018 en adelante y el incentivo a la inversión en pequeña minería. De igual manera, la exoneración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las micro y pequeñas empresas, como de cervecería artesanal.
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