La Comisión del Derecho a la Salud se reunirá mañana, a partir de las 10:00 con el propósito de continuar el análisis del proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada, que tiene como objeto garantizar la seguridad integral y los derechos de los consumidores, mediante la regulación de la prestación de tales servicios. Recibirá los criterios del Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira.
En el proceso de socialización y de recopilación de observaciones, -que inició hace más de un año- el organismo legislativo recibió al Gerente de la Federación de Empresas de Seguros del Ecuador, Patricio Salas; a representantes de las empresas de medicina prepagada, de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Superintendencia de Compañías y personas que de alguna manera han sido excluidas de estos beneficios.
En un primer momento, el asambleísta Carlos Velasco dio a conocer que el proyecto se referirá específicamente a las empresas de medicina prepagada, no a los seguros, considerando que no deben abarcar la atención profesional de la salud. Es necesario generar una reglamentación específica sobre este tema, ya que no existen elementos operativos, para vigilar, controlar o monitorear todo el accionar en esta materia, señaló.
En el proyecto, presentado por la asambleísta Pamela Falconí, se advierte que la experiencia nacional demuestra que la prestación de servicios de seguros médicos y los servicios de medicina prepagada no están cumpliendo los objetivos individuales ni sociales que se esperan de estos sistemas de protección.
Asimismo, que los usuarios se hallan muchas veces en indefensión y la arbitrariedad de un sistema de servicios que no proporciona mecanismos de defensa y que modifica de manera autónoma los contenidos, costos y alcances de las prestaciones.
La legisladora señala que estas actividades económicas con impacto directo en el ámbito de la salud, carecen de controles y marcos referenciales adecuados, por lo que responden a intereses gremiales sin consideración de criterios técnicos o derechos ciudadanos y de los consumidores.
Frente a ello plantea que el Estado intervenga mediante el establecimiento de una normativa básica y un sistema de control adecuado que garantice al mismo tiempo la satisfacción de usuario individual como el cumplimiento de los objetivos sociales y el respeto de los derechos ciudadanos.
El proyecto de ley contiene 16 artículos y dos disposiciones transitorias referentes al ámbito, objetivo y definiciones; obligaciones de los prestadores de servicios de medicina prepagada, seguros médicos y de vida; mecanismos de control y fiscalización; y, derechos de los usuarios; establece sanciones e infracciones administrativas.
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