La Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad conformó una subcomisión integrada por los legisladores Christian Montenegro, Rita Matías, Betty Jerez y Zobeida Gudiño, para realizar una visita in situ a la comunidad Cascomi, en la parroquia de Tundayme, donde el pasado 30 de septiembre, la guardia privada de la empresa minera china Ecuacorriente desalojó a varias familias para continuar el proyecto Mirador.
De su lado, las asambleístas Betty Jerez y Rita Matías coincidieron en que es necesario conformar la subcomisión para ser veedores de la situación y dar seguimiento a este tema para defender los derechos humanos y colectivos de los afectados.
La presidenta de la comisión, Zobeida Gudiño, recordó que el 11 de abril de 2014, a través de la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, solicitó un informe al Viceministro de Minas sobre las acciones de esa cartera de Estado en este tema y los acuerdos a los que ha llegado con la empresa.
Indicó que los informes se refirieron al levantamiento de estado de la situación del conflicto, diseño de una hoja de ruta donde se planteó el acercamiento con los propietarios de terrenos y la organización social Cóndor del Mirador y los acuerdos logrados para facilitar la intervención del Estado con el acompañamiento del Ministerio de Recursos no Renovables para la negociación de la compra y venta de predios, entre otros datos.
No obstante, reiteró que es importante que la comisión pueda conocer lo que realmente ocurre en territorio y tener un acercamiento con los moradores y los actores del acercamiento de negociaciones para la compra de fincas para la ejecución del proyecto.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jorge Herrera, en comunicación enviada a la comisión, manifiesta que las familias fueron desalojadas sin la presentación de orden judicial y que muchas de ellas estaban radicadas en territorio privado, sobre los cuales no mediaba acción judicial alguna como es la declaratoria de servidumbre. Además, adjuntó copia del Registro de la Propiedad que, a su criterio, demuestra que los comuneros no son invasores, informó que no se ha cumplido la oferta de reubicación y que este accionar es inconstitucional porque no se llevó a cabo ningún proceso de consulta previa.
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