La Comisión de Desarrollo Económico, con 8 votos afirmativos y uno en contra del asambleísta Patricio Donoso aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público- Privadas y la Inversión Extranjera, a través del cual se posibilita una articulación entre los sectores público y privado para impulsar proyectos de interés general.
El proyecto sufrió modificaciones a fin de que su nueva organización posibilite identificar plenamente cada uno de los diferentes ámbitos que aborda esta iniciativa y se acogieron insumos proporcionados por actores públicos y ciudadanos que concurrieron al seno de la comisión, así como de las observaciones formuladas por las y los asambleístas.
También se hacen precisiones con el propósito de que exista absoluta claridad respecto de aquellos bienes, obras y servicios que pueden ser considerados como parte de los proyectos públicos que sean materia de asociaciones público-privadas, y que sean propuestos por la entidad delegante al Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas.
Se especifica el rol de las entidades delegantes que pueden ser tanto las instituciones que integran el Gobierno Central como los gobiernos autónomos descentralizados, el cual no solo se circunscribe a la presentación del proyecto público respectivo ante el Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, sino que también abarca la realización del correspondiente concurso público, la adjudicación del proyecto, la celebración del contrato, su administración y supervisión.
Por otra parte, se determinan los mecanismos de solución de controversias, al igual que la estabilidad jurídica de la que gozarán los contratos de gestión delegada durante su vigencia.
En la normativa se incluye al sector hidroeléctrico como materia de proyectos que se emprendan bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, estableciendo un régimen de excepción para que en este caso apliquen los incentivos a los que alude el proyecto de ley.
Además, contempla la creación de un subcomité dentro del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio Exterior, que se dedique exclusivamente a aspectos en materia de asociaciones público-privadas, el que deberá conformarse en un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de vigencia de este proyecto.
Por otro lado, se mejora la redacción relativa a la simplificación de trámites administrativos por parte del Presidente de la República y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a efectos de que puedan simplificarlos, sustituirlos o eliminarlos, a través de la expedición del correspondiente Decreto Ejecutivo u Ordenanza, según corresponda.
Adicionalmente, se incorporan reformas adicionales que procuran facilitar la recuperación de valores por parte de quienes mantienen obligaciones vencidas con varias instituciones financieras públicas y que no pudieron acogerse a los beneficios determinados en la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos.
Respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se ha considerado pertinente que la Contraloría General del Estado directamente o a través de firmas auditoras debidamente calificadas por ese organismo de control, realice las auditorías a las empresas mixtas que cuenten como accionistas a empresas públicas.
Se eliminó la disposición por la cual se ratifica la vigencia de la Ley 70-06 relativa a la Ley del Sistema Hospitalario Docente de la Universidad de Guayaquil, por cuanto el Procurador General del Estado se ha pronunciado en el sentido de que dicho cuerpo legal se encuentra vigente.
El proyecto contiene 30 artículos, ocho reformatorias, una disposición general, tres transitorias, tres derogatorias y una final.
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