De conformidad con la convocatoria a la sesión No. 354 del Pleno, efectuada por la titular de Legislatura, Gabriela Rivadeneira, los legisladores se reunirán este martes 27 de octubre a partir de las 9:30, para tratar en segundo debate el proyecto de Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, sobre la base del informe de la Comisión de Desarrollo Económico.
La norma pretende estimular, mediante incentivos, la generación de un mayor número de emprendimientos que se ejecuten bajo la modalidad de asociaciones público-privadas, para lo cual establece especificidades con el propósito que los gestores privados puedan desarrollarlos, al tiempo de beneficiarse de exenciones y exoneraciones tributarias, similares a aquellas de las que gozan las empresas públicas.
Establece con claridad que la participación del sector privado en la ejecución de proyectos de interés general nunca estuvo excluido, prohibido o vetado; sin embargo, el Estado, en su rol natural, ha liderado la inversión en proyectos de interés general, que también pueden ser desarrollados por actores no estatales.
Cambios
El proyecto sufrió modificaciones a fin de que su nueva organización posibilite identificar plenamente cada uno de los ámbitos que aborda esta iniciativa. Se hacen precisiones con el propósito de que exista absoluta claridad respecto de aquellos bienes, obras y servicios que pueden ser considerados como parte de los proyectos públicos que sean materia de asociaciones público-privadas, y que sean propuestos por la entidad delegante al Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas.
Se especifica el rol de las entidades delegantes que pueden ser tanto las instituciones que integran el Gobierno Central como los gobiernos autónomos descentralizados, el cual no solo se circunscribe a la presentación del proyecto público respectivo ante el Comité Interinstitucional, sino que también abarca la realización del correspondiente concurso público, la adjudicación del proyecto, la celebración del contrato, su administración y supervisión.
Entre las normas que componen el marco legal vigente que posibilitan la articulación entre sectores público y privado constan el Código de la Producción, Comercio e Inversiones; la Ley Orgánica de Empresas Públicas; la Ley de Hidrocarburos; la Ley de Minería; la Ley de Servicio Púbico de Energía Eléctrica, los Decretos Ejecutivo 810 y 582 que reglamentan la delegación excepcional de servicios públicos de transporte a favor de la iniciativa privada y el régimen de colaboración público privada.
Entre los actores públicos, privados y ciudadanos que expusieron sus criterios en torno a la normativa constan los Ministerios de la Producción, Empleo y Competitividad, de la Política Económica; Sectores Estratégicos; Servicio de Rentas Internas, Contraloría y Procuraduría General del Estado, las Superintendencias de Bancos y de Compañías.
Las Cámaras de Comercio, de Industrias, de la Construcción de Guayaquil; Comité Ecuatoriano Empresarial; CORPEI, Asociación de Mutualistas del Ecuador; Centro de Observación Ciudadana, bancos, corporaciones financieras, empresas, compañías, entre otros.
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