En el marco del debate del proyecto de Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, expuso ante el Pleno y la Comisión de Desarrollo Económico su propuesta basada en cuatro ejes.
La titular del Legislativo explicó que esta ley permitirá apuntalar la inversión privada en el Ecuador, considerando que en los últimos años el Estado ha recuperado sus competencias y que existen normativas en el marco jurídico – constitucional que habilitan la participación del sector privado en determinadas actividades.
Primer eje: ámbito de aplicación
Gabriela Rivadeneira expresó que el proyecto plantea la delimitación de las asociaciones público-privadas en cuanto a la provisión de bienes, obras o servicios por parte del Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, exceptuándose de esta relación público-privada a los sectores estratégicos conforme lo dispone el artículo 313 de la Constitución, que los considera “base fundamental para la soberanía del país”.
Segundo eje: principios y lineamientos
En cuanto los principios para la inversión, la titular del Legislativo indicó que siempre están abiertas las puertas a la iniciativa privada para la provisión de obras, bienes y servicios, y que en este sentido el artículo 339 de la Constitución plantea como obligación del Estado promover la contratación de mano de obra ecuatoriana en las inversiones nacionales y extranjeras, como una prioridad para garantizar el trabajo.
“Los principios de esta ley tienen que estar claramente relacionados al tema de la inclusión social, a través de los cuales los contratos de gestión delegada deberán procurar en la ejecución de los proyectos públicos la utilización del componente nacional, la transferencia de tecnología y la ocupación del talento humano nacional”, expresó.
En ese ámbito, explicó que el Comité Interinstitucional será el responsable de verificar el cumplimiento de este principio y el porcentaje de mano de obra ecuatoriana que participará en las alianzas público - privadas. Con este principio, dijo, se asegura la creación de fuentes de trabajo en un momento de crisis global.
Tercer eje: estabilidad jurídica
En el ámbito de la seguridad jurídica, Gabriela Rivadeneira expresó que con las leyes implementadas por la Asamblea Nacional se ha potenciado que la inversión privada sea parte y corresponsable del desarrollo del país. No obstante, reconoció que a la par de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas se debe garantizar respeto a las conquistas de los trabajadores.
Cuarto eje: resolución de controversias
En cuanto a la solución de controversias en materia de inversiones, Gabriela Rivadeneira sostuvo que los arbitrajes se deben resolver de forma coherente lo establecido en el artículo 422 de la Constitución, que da preferencia a las instancias primero nacionales y luego regionales. “La principal apuesta de esta revolución fue garantizar la soberanía de nuestro país en política internacional, que el tema de controversias pueda resolverse en la gran institucionalidad que estamos conformando en esta integración de la Patria Grande”, manifestó.
Recordó además que el Presidente de la República denunció, en 2009, que las controversias se solucionaban en instancias extraregionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y otras similares, en donde los intereses nacionales se vieron gravemente afectados por un sesgo a favor de las grandes transnacionales. En ese sentido mencionó que es bienvenida la cooperación internacional y la inversión privada nacional y extranjera con reglas claras. También agradeció la participación de amplios sectores ciudadanos en la formulación del proyecto de ley.
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