En la sesión vespertina para el tratamiento del proyecto de Ley de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, presidentes de la Comisiones Legislativas y legisladores presentaron propuestas en torno a la revisión de hectareaje de impuesto a la renta; registros sanitarios; eliminación de la mora patronal; exoneraciones a importación de equipos y maquinarias que tengan un fin agroindustrial, la incorporación de los grupos de economía popular y solidaria.
Revisión de hectareaje de impuesto a la renta
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal, con respecto a las reformas del impuesto a la tierra, pidió se mantenga una base imponible a partir de las 70 hectáreas, sin disminución.
Sobre las reformas a Ley Orgánica de Remisión, Intereses, Multas y Recargos del Banco de Fomento, insistió para que se amplíe el plazo para los deudores hasta el 31 de diciembre de este año y se incorpore el seguro de desgravamen en lugar del seguro de riesgo de pago.
Igualmente, se hagan reformas para que se extienda la remisión de capitales y de intereses a quienes son parte de una cartera vencida por capitales o préstamos menores a 500 dólares y por parte de aquellas personas que hicieron crédito siendo parte del bono de desarrollo humano y que han fallecido. A su parecer, el beneficio tiene que ser también para aquellas personas que hicieron créditos pequeños, menores a cinco mil dólares y que han fallecido.
Alberto Zambrano indicó que por justicia en la Amazonía se debe fijar 100 hectáreas en caso del cobro de impuesto a la tierra.
Importación de productos deberán contar con registro sanitario
El presidente de la Comisión de la Salud, William Garzón, al manifestar la preocupación del ente legislativo, con relación a las reformas la Ley Orgánica de Salud, dijo es necesario hacer un ajuste importante, a fin de consignar de modo expreso que el proceso de homologación se efectúe en relación a regulaciones y normativas más rigurosas. Mantener la norma como está planteada podría entenderse como facultar al Estado adoptar regulaciones y normativas, lo cual resultaría a todas luces peligroso y contraproducente y podría atentar a la salud de los ciudadanos, enfatizó.
Explicó que la homologación debe ir siempre hacia arriba, de modo que se reconozcan los reglamentos sanitarios otorgados por los entes reguladores de referencia regional, reconocidos por la Organización Mundial de la Salud.
También dijo que es necesario que el nuevo mecanismo de notificación sanitaria, sea específico, a fin de individualizar su carácter en el ámbito de las competencias sanitarias y excluir cualquier otro tipo de notificación en su lugar, es decir, no se autorizará la importación de productos, ni aún con fines promocionales, si previamente no cuentan con registro sanitario nacional o la notificación sanitaria.
Es indispensable diferenciar con absoluta claridad los productos que requerirán registro sanitario y aquellos que pueden ir al régimen de notificación sanitaria, precisó.
El vicepresidente de la Comisión, Carlos Velasco, señaló que la vacuna como producto biológico, debe tener registro sanitario, a fin de evitar falsificaciones y que la notificación sanitaria es trámite documental, donde se registran los productos a ser comercializados, por tanto el registro sanitario es clave para garantizar la calidad de un producto.
Eliminar mora patronal
Ricardo Moncayo afirmó que el efecto positivo de esta ley no tiene alcance nacional, es decir, hay que beneficiar a todas las provincias y que las grandes ciudades y aquellas situadas en las cercanías de los mares, se beneficiarán de trabajos relacionados con infraestructura, desarrollo urbano, proyectos inmobiliarios y aquellos vinculados con vialidad e infraestructuras portuarias y aereopuertarias, como túneles, puentes, sistemas de transportación masiva, entre otras. Pidió eliminar la mora patronal que más de 100 mil empresas ecuatorianas mantienen a más de 500 mil ecuatorianos alejados de los servicios que ofrece el Seguro Social.
René Yandú aclaró que la norma constitucional habla de la solución de acuerdos y tratados, no de ejecución de obras.
Armando Aguilar señaló que la empresa privada ha sido la gran beneficiaria de la revolución ciudadana, porque participa en la construcción de vías y hospitales. Además que el artículo 250 determina un trato preferencial para las provincias amazónicas. Dijo que la Contraloría tiene que ejercer un control de la utilización y gestión de recursos públicos.
Ricardo Zambrano solicitó incorporar exoneraciones a importación de equipos y maquinarias que tengan un fin agroindustrial; Rocío Vaca indicó que la Ley de Alianzas Público-Privadas es una herramienta para reducir la brecha de infraestructura y que la asociación no conlleva privatización. Se refirió a la necesidad de tomar en cuenta a grupos de economía popular y solidaria.
Galo Borja manifestó que antes del 2007 la riqueza petrolera iba a la empresa privada, hoy se recuperó para todos los ecuatorianos; consideró que se puede incluir en esta ley otros proyectos de energía alternativa, a más de hidroeléctricas. También respaldó la propuesta a favor de los pescadores artesanales.
Soledad Vela señaló que la veeduría ciudadana puede transparentar toda la ejecución de la alianza público privada; Rita Matías, propuso remisión total, en 100% del interés de mora y recargo, desistimiento de juicios coactivos para pescadores artesanales.
Luis Fernando Torres aclaró que hay por lo menos 4 artículos constitucionales y legales que tratan el tema del arbitraje: 422 y 190 de la Constitución, el 27 del Código de la Producción y la disposición general quinta del Código de las Finanzas Públicas en donde no existe prohibición alguna para que se celebren arbitrajes fuera de la región si una empresa ha contratado y ha celebrado acuerdos con el Estado ecuatoriano.
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