La asambleísta Rocío Valarezo, en el marco del primer debate del proyecto de Código de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), propuso la creación del Sistema Nacional de Ciudades Inteligentes y las compañías para el desarrollo inventivo y tecnológico.
Tras explicar que este cuerpo legal reemplaza a la Ley de Propiedad Intelectual, resaltó que amplía la gestión del conocimiento humano al nacimiento de las ideas que desembocan en inventos de utilidad para el desarrollo de las actividades humanas, educativas, laborales, industriales y domésticas.
Señaló que es necesario incluir disposiciones que viabilicen en la práctica el desarrollo inventivo de los ecuatorianos, a la vez que destacó la necesidad que en el código se masifique el conocimiento a través de un Sistema Nacional de Ciudades Inteligentes, en el que el servicio de internet sea de uso gratuito y que, para su implementación, participen coordinadamente el Gobierno Central y los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y cantonales, paso previo a la institución del concepto de “País Inteligente” que merece tener el Ecuador.
La asambleísta orense manifestó que para operativizar la invención intelectual ecuatoriana es importante que se considere la inclusión de normas que posibiliten la participación del sector privado en el desarrollo de los inventos, a través de una reforma al artículo 2 de la Ley de Compañías, para que en esta se prevea la creación de las compañías para el desarrollo inventivo y tecnológico como personas jurídicas encargadas de financiar, diseñar y fabricar los prototipos y nuevos productos originados de la inventiva de los creadores ecuatorianos y que para financiar sus actividades, las utilidades por su comercialización podrían ser compartidas en los porcentajes que acuerden las partes luego de comprobada su utilidad práctica en el uso cotidiano.
Por último, la legisladora señaló estar de acuerdo con la posición mayoritaria expresada por los legisladores en la sesión, para que todos los artículos que pudieren afectar los derechos colectivos previstos en la Constitución sean sometidos a consulta prelegislativa.
