La Comisión de Desarrollo Económico recibirá mañana, a las 10h00, a la Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, Lorena Bravo, a representantes del gremio del transporte, de empresas de transporte y a los asambleístas Cristina Reyes, Liliana Guzmán, Mary Verduga y Líder Olaya.
Los parlamentarios explicarán el alcance de los proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica.
La propuesta presentada por los asambleístas Líder Olaya Córdova y Mary Verduga reforma la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sugiere que en el sector rural donde no exista servicio público de transportación de personas o el número de frecuencias sea insuficiente en relación a las necesidades o demanda del servicio, el propietario de un vehículo de transporte particular pueda, sin fines de lucro y observando los principios y condiciones de seguridad establecidos en la ley, prestar servicios de transportación de personas, sin que para ello sea necesario un permiso de operación.
En cambio, la asambleísta Liliana Guzmán presentó un proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, a través del cual propone que en la disposición transitoria séptima se prorrogue por única vez el plazo para la recaudación de los valores correspondientes a las tasas por el servicio de recolección de basura por 360 días, contados a partir de la promulgación de esta ley.
También plantea que se disponga que las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica, que continúen la recaudación de la contribución mensual a favor de los Cuerpos de Bomberos durante el plazo impostergable de 360 días. Estos valores constarán por separado en factura independiente. Cumplido el plazo señalado, la recaudación se sujetará expresamente a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Defensa Contra Incendios.
Mientras que la legisladora Cristina Reyes, en su propuesta de reforma a la Ley de Energía Eléctrica advierte que es corto el plazo de 360 días establecido en la Disposición Transitoria Séptima, que vence el próximo 16 de enero de 2016, para que los gobiernos autónomos descentralizados municipales establezcan los mecanismos propios de recaudación de los tributos, por lo cual pide que se extienda el plazo a dos años adicionales.
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