En su comparecencia ante la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, Ernesto Pazmiño, defensor Público, formuló varias observaciones y aportes al proyecto de Ley de Movilidad Humana. Dijo que en el contexto de la normativa no hay claridad en la institucionalidad propia. Esta debe ser civil, precisó.
Consideró, además, que faltan procedimientos específicos; la no devolución debe ser un eje transversal; urge clarificar las obligaciones del Estado para con la población en movilidad (derechos y garantías); y, fundamentalmente discriminalizar a las personas en movilidad y eliminar toda alusión a controversias de tipo penal.
Propuso que en ningún caso habrá privación de libertad por razone migratorias. De ser necesario, para garantizar la presencia de una persona en condición de movilidad ante las autoridades judiciales, el juez competente utilizará medidas cautelares no privativas de libertad. Normar la presencia de personas extranjeras con respeto irrestricto de los principios constitucionales, en debido proceso, la dignidad humana y los procesos de integración.
También sugirió que para los niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad, el Estado garantizará la adopción de medidas de protección tendentes a cumplir su interés superior.
Adicionalmente, planteó que el Estado, a través de la Defensoría Pública, garantizará en todo proceso que determine derechos y obligaciones, la asistencia y patrocinio jurídico gratuito de todas las personas en situación de movilidad humana que ingresen al Ecuador, efectivizando el acceso a servicios como salud.
Manifestó que la Defensoría Pública, en coordinación con ACNUR y UNASUR, ha puesto en marcha un Protocolo específico que defiende el interés de la población migrante, en particular de la gente en movilidad y los refugiados.
MG/pv
