El asambleísta Raúl Abad Vélez, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología, presentó el proyecto de Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), que tiene como objeto cerrar definitivamente las instituciones suspendidas en abril de 2012 por no cumplir los parámetros y las condiciones de calidad que exige el funcionamiento de una institución universitaria, extinguir a las universidades y escuelas politécnicas suspendidades definitivamente por el CEAACES creadas mediante ley y establecer los mecanismos que garanticen la rendición de cuentas por parte de las instituciones de educación superior.
El proyecto determina la extinción -en un plazo perentorio de 60 días- de las escuelas superiores politécnicas Ecológica Amazónica y Ecológica Profesor Servio Tulio Moreno Ludeña y las Universidades Tecnológica América, Técnica Particular de Ciencias Ambientales José Peralta, Tecnológica San Antonio de Machala, Autónoma de Quito, Cristiana Latinoamericana, Alfredo Pérez Guerrero, Equatorialis, Panamericana de Cuenca, “OG MANDINO”, Interamericana del Ecuador e Intercontinental. Para la extinción de la Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador, el titular de la Función Ejecutiva deberá expedir el decreto derogatorio de funcionamiento.
En cuanto al Patrimonio de las Universidades y Escuelas Politécnicas extintas, el proyecto de ley obliga a las instituciones a constituir un fideicomiso mercantil de administración, a través de administradores temporales. El fideicomiso tendrá como objeto precautelar los derechos de los trabajadores de las instituciones extintas, pagar los pasivos a favor del sector público y las acreencias y transferir los excedentes a favor del fortalecimiento de las instituciones de educación superior debidamente evaluadas y acreditadas. El fideicomiso será administrado por la Corporación Financiera Nacional (CFN), que actuará como fiduciaria.
Según el proyecto, antes de la liquidación del fideicomiso la fiduciaria deberá transferir al Consejo de Educación Superior (CES), todas las bases de datos y archivos relativos a los activos, pasivos, patrimonio y otras obligaciones de los establecimientos extintos, además de los archivos generales durante la administración del fideicomiso.
Cabe recalcar que, ninguna entidad del sector público asumirá el pago de las obligaciones adquiridas por las universidades y escuelas politécnicas extintas. En este marco, los pagos que no puedan ser realizados en la forma prevista en la propuesta serán asumidos por los expromotores, expatrocinadores y/o representantes legales de las instituciones extintas que ejercieron sus cargos hasta el 11 de abril de 2012.
En la Disposición Transitoria Única, el proyecto de ley determina que antes de la extinción de las universidades y escuelas politécnicas y dentro del plazo de 30 días a partir de su publicación en el Registro Oficial, los administradores temporales de las universidades y escuelas politécnicas deben transferir al Consejo de Educación Superior la custodia y administración de toda la documentación, bases de datos y archivos académicos.
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