La desaparición de las personas en su intento de migrar, residencia de los extranjeros en el Ecuador y naturalización, prevención de la trata y el tráfico de personas, fueron entre otros, los temas de preocupación que presentó la ciudadanía del Azuay, en el marco de la primera socialización del proyecto de Ley de Movilidad Humana.
En este encuentro de socialización, que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales con una amplia participación de la ciudadanía, se recogieron observaciones relacionadas con la atención a la migración; la protección de víctimas y testigos frente a la vulnerabilidad de la trata y tráfico de personas; la restitución de derechos a las víctimas de trata y tráfico de personas; definir y especificar los grupos vulnerables.
Además, incluir la categoría de secuestrados, deportados y desaparecidos; discriminación en razón de la etnia, género y religión, preferencia sexual, condición migratoria; restituir derechos a familiares de personas desaparecidas que sean calificadas como víctimas y testigos, entre otras.
Este acto contó con la presencia de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado; el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Fernando Bustamante; los asambleístas Linda Machuca y Esteban Melo. En la mesa de trabajo, Fernando Bustamante y Linda Machuca explicaron los fundamentos de la normativa y absolvieron inquietudes.
El encuentro se llevó a efecto en el auditorio de Senplades de Cuenca. Participaron representantes del Ministerio del Trabajo, Cancillería, Defensoría del Pueblo, Casa Migrante, GAD de Cuenca, Acnur, Consejo de Protección de Derechos, Senplades, Movimiento Afro del Azuay, Red Mundial de Jóvenes-Red Ecuador Sin Trata, 1800 Migrantes, Organización Santa Isabel, activistas, familiares y personas migrantes, extranjeros en situación de vulnerabilidad y medios de comunicación, entre otros.
Rosana Alvarado, al presentar un saludo a los participantes, sobre todo, a las personas y familiares migrantes, indicó que es fundamental conocer, de cerca, las realidades de las personas que salen, retornan, que han sido expulsadas, desterradas, porque a la migración se le tiene que ver desde diferentes enfoques y razones.
Esta ley es un desafío gigante, destacó, al precisar que no es únicamente el tema de legislación, sino de cómo enfrentar una situación tan cotidiana, tan permanente, como es la movilidad.
A criterio de Fernando Bustamante es necesario regular en la normativa el aspecto de movilidad humana, de tal forma que las personas lo hagan en condiciones seguras, dignas y puedan aprovechar todas las ventajas que la migración implica.
El Estado tiene que generar las condiciones para las personas que emigran -de acuerdo con su grado de vulnerabilidad- para que sus derechos no sean menoscabados, enfatizó y señaló que la unificación familiar es un derecho fundamental. Nadie tiene que verse obligado a emigrar en condiciones deplorables, por lo que se apuesta a la migración segura, reiteró.
Hay que buscar en la ley mecanismos que ayuden a prevenir la desaparición de las personas, el fenómeno de la trata y tráfico de las personas, agregó.
La asambleísta Linda Machuca hizo una explicación profunda de los alcances y el contenido de la norma. Habló de la confidencialidad de los datos de los ecuatorianos que están en el exterior y de los extranjeros que se encuentran en el país, registro de la doble nacionalidad; derechos laborales de inmigrantes en el país.
Sobre la identificación de las personas en vulnerabilidad, señaló que desde la ley se establecen temas como las personas privadas de libertad; búsqueda de migrantes extraviados o incomunicados; inscripción de las personas que residen fuera del país; tipo de retornos; posibilidad de recuperación del talento, aportaciones a la seguridad social,etc.
También explicó que la propuesta dispone la prevención frente a la trata y tráfico de personas; rol de los gobiernos autónomos descentralizados en la movilidad humana.
Participación y propuestas
Sergio Silva, de la Casa del Migrante, ve con buenos ojos la ley. Comentó que es necesaria para poderse enmarcar en una política seria, que traerá mejores días, nuevas soluciones a los pueblos y más aún en la provincia del Azuay, donde su población ha sido una de las que más ha emigrado.
Recomendó que se contemple a los migrantes que salen forzosamente, especialmente, a los Estados Unidos, que se los detiene en las calles y son deportados sin opción a seguir siendo fuente de ingreso en su hogar.
Viviana Cordero, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, destacó el trato de las personas en movilidad humana. Sostuvo que en los últimos tiempos Azuay tiene más inmigración que emigración, es decir, existen más personas que han retornado que las que han salido. También habló del cambio de la calidad migratoria, actualmente existen tres: temporal, permanente y la residencia como tal.
A Leticia Quintero, del Consejo de Protección de Derechos, le parece importante abrir estos espacios para trabajar en la protección de las personas en situación de movilidad. También el papel que cumplirán los GAD. Andrea Ledesma, de 1800 Migrante, solicitó que se incluya dentro del ejercicio de derechos, a las personas deportadas, secuestradas y desparecidas.
Esta discusión continuará en varias provincias del país. La mesa legislativa está presta a continuar recibiendo las observaciones que sean necesarias. Queremos que la ley sea tan buena, para que sea un referente internacional, puntualizó Linda Machuca.
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