La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Lídice Larrea, se reunirá este miércoles, con la finalidad de conocer la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privada y la Inversión Extranjera. Luego del análisis los parlamentarios aprobarán el informe no vinculante.
El proyecto tiene por objetivo establecer incentivos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación: por tanto, crea incentivos específicos para promover en general el financiamiento productivo, la inversión nacional y la inversión extranjera. 10 modificaciones propuso el presidente de la República al proyecto de ley.
Entre otros aspectos, el mandatario propone que para el cálculo del impuesto a las tierras rurales ubicadas en la región Amazónica y en zonas similares definidas en el respectivo decreto ejecutivo emitido por el Presidente de la República, se aplicará el límite de hectáreas no gravadas, 70 hectáreas hasta el 2017; 60 hectáreas hasta el 2018; y 50 hectáreas desde el 2019.
Respecto de la disposición reformatoria quinta, el Jefe de Estado plantea que se incluya que el Estado sí puede participar en otras modalidades asociativas distintas a las empresas mixtas constituidas por empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos y prestación de servicios públicos, con un porcentaje no mayoritario de propiedad o capital.
En la disposición transitoria tercera el Ejecutivo propone añadir un artículo que establezca que las operaciones de crédito y/o inversión que no hayan sido reestructuradas, refinanciadas o reactivadas en el plazo de 180 días contados desde la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, el 5 de mayo de 2015, podrán ser reestructuradas, refinanciadas o reactivadas dentro del pazo de 150 días contados desde la publicación de la presente ley.
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