En dos mesas de trabajo, personas retornadas al Ecuador, familiares de migrantes, personas extranjeras que radican en Ecuador, presentaron sus propuestas para que sean analizadas y tomadas en cuenta en el proyecto de Ley de Movilidad Humana, a la vez que resaltaron la importancia de contar con una normativa que garantice derechos para este sector poblacional. También destacaron los elementos que contiene el documento que constituirá un ejemplo para otras regiones.
En la mesa a cargo de la asambleísta María Soledad Vela, los temas se centraron en la necesidad de poner una mirada a niñas, niños, adolescentes que salen del país, el enfoque de género, eliminar la tramitología para el acceso a créditos.
Pidieron una comunicación más ágil de los programas, proyectos y ayudas que impulsa la Cancillería para que la comunidad migrante e inmigrante tenga conocimiento y pueda acceder fácilmente a ellos; que se aclare cuáles son los procedimientos en las faltas administrativas y el debido proceso; clarificar la definición del refugiado que está en la Declaración de Cartagena.
En la mesa liderada por la asambleísta Verónica Rodríguez se abordaron aspectos sobre el acceso al sistema financiero, por lo que solicitaron que el Estado, promueva tratamientos especiales en el aspecto tributario y desarrollar programas integrales para la reinserción económica de los ecuatorianos retornados.
En materia de seguridad social, plantearon que se desarrollen mecanismos de inclusión y facilidades de acceso para la comunidad ecuatoriana retornada como afiliados voluntarios con una aportación equivalente al 50% de la afiliación voluntaria en vigencia que regirá por un lapso de cinco años contados a partir de la fecha de afiliación del migrante retornado o hasta el inicio de su actividad laboral con relación de dependencia
En cuanto a educación propusieron que se incluyan beneficios y becas para impulsar y fortalecer la inserción educativa del migrante retornado y sus hijos.
Además, platearon la creación del Consejo de Participación y Control Social de la Comunidad Migrante retornada, con facultades para vigilar la implementación, control y evaluación de las políticas públicas para los migrantes retornados.
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