A pesar de que la Comisión de Soberanía Alimentaria elaboró el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, el proceso de ciudadanización no se detiene. En este marco, el presidente de la Mesa, Miguel Carvajal y los asambleístas Rosa Elvira Muñoz y Mauricio Proaño viajarán mañana, 9 de diciembre, a la comunidad Galte Jatun Loma, Cantón Guamote, provincia de Chimborazo, a fin de informar sobre el contenido del texto y los beneficios que presenta el cuerpo legal para el sector campesino.
Rosa Elvira Muñoz hizo un llamado a los pobladores de ese sector y de otros lugares aledaños para que asistan al diálogo, que empieza a las 10:00, en la casa comunal del sector, para que conozcan a profundidad los temas que trata el proyecto y se empoderen de la normativa. El objetivo es que, en el futuro, el pueblo, con la información que posee, exija sus derechos y cumpla sus obligaciones. Los temas sustantivos que afectan los derechos colectivos ya se consultaron a las comunidades y cerca del 94% estuvieron de acuerdo, aseveró.
La asambleísta dijo que, por el momento, se espera que la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, coloque el tratamiento de este proyecto en el orden del día. Mientras tanto, afirmó que el objetivo del cuerpo legal es normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma, que deberá cumplir una función social y una función ambiental.
Así mismo, recordó que la ley regulará la posesión, propiedad, administración y redistribución de la tierra rural, como factor de producción. El propósito es garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad y propiciar un ambiente sustentable y equilibrado, manifestó.
El acceso equitativo de la tierra rural; la equidad social, de género y generacional; la regulación de la frontera agrícola; el trabajo rural; la productividad sistémica; la sustentabilidad; la interculturalidad; la plurinacionalidad; la prohibición del latifundio y de la concentración de tierra rural; y, la celeridad administrativa, son algunos de los principios fundamentales que rigen esta norma, indicó la asambleísta.
Sobre la redistribución de las tierras rurales, según el informe para segundo debate, las personas jurídicas, conformadas por campesinos y campesinas sin tierras, con poca tierra o tierra de baja calidad, que se encuentren organizados bajo esquemas solidarios, legalmente reconocidos, podrán acceder a los programas de redistribución de tierra que forman parte del patrimonio estatal. De la misma manera, la Autoridad Agraria Nacional transferirá a las familias campesinas en situación de pobreza extrema que habiten en zonas rurales más deprimidas, extensiones de tierra productiva no inferiores a una Unidad Productiva Familiar.
La norma dice que está prohibido adquirir u ocupar a cualquier título las tierras rurales que constituyen bienes nacionales de uso público, tales como nevados, carreteras, caminos rurales en uso o desuso, zonas de playa, bahía o manglar y tierra adyacentes al mar hasta la línea más alta de la marea, plataformas o zócalos submarinos, continental e insular, playas de los ríos, salvo las vigentes concesiones o autorizaciones legalmente otorgadas por la autoridad competente. Las tierras rurales del Estado no serán objeto de prescripción adquisitiva de dominio. LM/pv
