“Cualquier actividad con salud tiene que contribuir a fortalecer el ejercicio de este derecho, que es el asidero fundamental de la Constitución y de la cual se deriva una serie de aplicaciones organizativas y de gestión, relacionadas con la atención de la salud”, destacó el doctor Ramiro Echeverría, delegado del Instituto de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito, en el marco del análisis del proyecto de Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada que realiza la Comisión del Derecho a la Salud.
Sus observaciones estuvieron enfocadas desde la salud pública, más que de aspectos técnicos y financieros que tengan que ver con los seguros y las empresas de medicina prepagada.
Señaló que la salud es un servicio público, por tanto, no debe ser vista en su integridad como un objeto de mercado, aunque algunos insumos y ciertos elementos de la atención pueden serlo.
Aseguró que existe una cobertura creciente de la población en cuanto a las empresas de medicina prepagada y seguros médicos. Según la encuesta nacional del 2004 Endemain, el 2.7% de la población tenía un seguro privado de salud o una afiliación a una empresa de medicina prepagada y al 2015 se estima un 5,9% de la población, es decir alrededor de 950 mil personas, lo que evidencia que existe demanda de la población para esta protección de seguros privados.
El crecimiento de los seguros en general entre el 2004 y 2012 de un 19,2% pasó al 37% y según otra encuesta del 2014 el 41% de la población, equivalente a seis millones de habitantes ya tiene algún tipo de seguro.
También destacó el incipiente proceso de regulación y control tanto a nivel empresarial cuanto de servicios, como de atención.
Observaciones específicas
Está de acuerdo que la ley regule la medicina prepagada; no obstante sugirió mencionar a las empresas, es decir, que sea una ley que regule a las compañías o empresas de medicina prepagada.
En el objeto del proyecto, propuso que a más de garantizar la seguridad integral, se considere la necesidad de proteger el derecho a la salud, la vida y los derechos de los consumidores.
Sobre las definiciones, pidió diferenciar las prestaciones médicas con atención de salud. Aclaró que está última incluye componentes importantes de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cuidados paliativos, entre otros, con visión integral.
La asambleísta María José Carrión, coincidió que la ley debe ir compaginada con el Código de la Salud y un sistema integral, ya que no se puede mirar solo desde la atención médica o el tratamiento de una enfermedad específica, sino desde una visión integral.
Está de acuerdo con que se cambie el concepto de medicina prepagada por atención de salud prepagada, para entender que abarca la curación, prevención, promoción, rehabilitación y seguimiento.
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