El ponente del proyecto de Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles y presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial, Richard Calderón, señaló que la normativa promueve los derechos de los ciudadanos y un mejor servicio para los ecuatorianos en territorio nacional y en el exterior.
Además, indicó que la ley vigente data de 1976 por lo que tiene varios problemas en cuanto a la armonía con la Constitución del 2008, especialmente en lo que se refiere a derechos, e incluye disposiciones que discriminan a las mujeres, a los colectivos LGBTI, a los ecuatorianos residentes en el exterior y a los extranjeros que viven en Ecuador.
Informó que se han creado 65 artículos, reformado 34, mejorado 28 artículos y se han suprimido 28 artículos con respeto a la ley vigente. En este marco, manifestó que por seguridad jurídica, en la medida en que la norma sea clara y aplicable en la sociedad ecuatoriana, se ha planteado una normativa nueva que enfoque de manera integral la identificación y datos civiles de las personas.
El asambleísta Calderón explicó que el proyecto consiste en crear una institucionalidad que asegure un servicio más ágil y eficiente, garantizar el derecho al registro de los hechos y actos civiles de las personas y la protección de sus datos, establecer las garantías que determina la Constitución en cuanto a derechos como la igualdad de extranjeros en el territorio ecuatoriano, la no discriminación y adopción de medidas de acción afirmativa y conservar y desarrollar las características materiales e inmateriales de la identidad tales como la nacionalidad y la procedencia familiar.
En cuanto al género, destacó que se establece el derecho que tienen las personas a autodeterminar su género y que una vez cumplida la mayoría de edad será posible sustituir el campo sexo por el de género. De esta manera se establece el derecho que tienen las personas a autoidentificarse, aseveró.
Finalmente, mencionó que se amplía la facultad de los agentes diplomáticos y consulares en el exterior para que en coordinación con la autoridad competente en el Ecuador se dé el servicio que merecen los ecuatorianos en otros países.
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