La exposición en el Pleno sobre el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal. Desplegó su contenido en tres partes: la una sobre el proceso de elaboración del proyecto, que incluyó una consulta prelegislativa y socialización en territorios, así como los consensos y disensos alcanzados; la segunda sobre las observaciones que han sido incluidas; y la tercera sobre el objetivo y contenido general de la propuesta.
En cuanto al proceso de socialización manifestó que la elaboración del informe ha tenido un amplio camino de debate y revisión de propuestas. Destacó que se han receptado 86 propuestas de los legisladores y se han realizado más de 100 reuniones con organizaciones sociales y empresariales, entre ellas 23 audiencias provinciales. Contó que en la consulta prelegislativa han participado 880 organizaciones sociales y 6.700 personas.
Después de este proceso, según los datos de la Comisión, el 93,7% de las organizaciones que respondieron los formularios de la consulta expresaron su acuerdo con los tres temas sustantivos del proyecto. Carvajal se refirió a los consensos e indicó que se han planteado algunos como la definición de la posesión ancestral; el reconocimiento y legalización de la posesión ancestral de tierras y territorios. La Ley ratifica lo que dice la Constitución para la protección de las tierras comunitarias y territorios ancestrales, comentó.
Entre los consensos señaló que se ha formalizado el derecho de uso y usufructo de las tierras comunitarias. Significa que los miembros de la comunidad pueden acceder a créditos para producción y vivienda con la sola certificación de que pertenecen a la misma, explicó. Aquí, los pequeños y medianos agricultores contarán con tasas de interés preferencial, sostuvo
Además dijo que se aprobó incorporar a la familia comunitaria como parte de la agricultura familiar y medidas para defender áreas protegidas. También se consensuó que para la resolución de los conflictos relativos a los derechos de posesión, uso y usufructo de territorios y tierras comunitarias se respetarán sus prácticas y costumbres de acuerdo con la Constitución y la ley. En caso de no encontrar una solución luego de agotar todas las vías internas, se someterá a la decisión de un juez, añadió.
En cambio, entre los disensos se encuentran la fijación de los límites para la no ampliación de la frontera agrícola; cómo garantizar el derecho sucesor de herencias; la creación de juzgados agrarios y la definición de los límites de latifundio.
Sobre las observaciones planteadas entre el primer y segundo debate, informó que se han incluido, por ejemplo, que se permite la construcción de vivienda rural, escuelas, servicios de salud e infraestructura para otros servicios públicos, en tierras comunales, mediante la transferencia a entidades del Estado del uso y usufructo de las superficies donde se realizarán las construcciones mencionadas. De igual manera, que se proteja a las personas que adquirieron tierra con anterioridad a la declaratoria de área protegida, con una restricción del uso y aprovechamiento.
En cuanto al contenido general, el asambleísta explicó que el proyecto busca garantizar la soberanía alimentaria; regular el cumplimiento de la función social de la propiedad agraria, es decir, que quien posee tierra rural con aptitud productiva está en la obligación de hacerla producir eficientemente y no mantenerla sin cultivar para especular con su valor; y, regula el cumplimiento de la función ambiental, para que la tierra rural esté dedicada a la producción amigable con el ambiente. El incumplimiento de la función social y de la función ambiental será causal para afectar la propiedad de la tierra rural, acotó.
Según Carvajal, el cuerpo legal garantiza la redistribución de la tierra productiva, de manera que los campesinos sin tierra o poca, o con tierra de mala calidad, puedan acceder a la tierra, y créditos e incentivos para la producción. También dijo que se simplifican los trámites administrativos para que quien tiene en posesión tierra productiva estatal, pueda obtener de manera ágil su adjudicación y el título de propiedad sobre éstas y se regula mediante titulación, el reconocimiento del derecho colectivo a la propiedad comunitaria de las tierras y territorios en posesión ancestral y se establecen procedimientos y formas de resolver los conflictos con particulares sobre tierras comunitarias.
Por último, indicó que se reconoce el derecho de uso y usufructo del comunero y su familia sobre la parte de la tierra comunitaria que le ha sido asignada. Aclaró que no se puede afectar por ningún concepto a tierras comunitarias ni a territorios indígenas, así como a predios de la agricultura familiar campesina que tengan menos de 25 hectáreas en la Sierra; 75 hectáreas en Costa y estribaciones y 100 hectáreas en la Amazonia y Galápagos.
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